El PSOE de Ourense presenta el "caso Baltasar" ante la Valedora do Pobo

El PSdeG ha llevado ante la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, el caso de la contratación de un hombre condenado en dos ocasiones por abusos sexuales para hacer de rey Baltasar en la Cabalgata de Ourense, un asunto por el que piden que el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, sea "apercibido".

Este martes, la secretaria de Igualdade del PSdeG, Silvia Fraga, y la portavoz de los socialistas en el Concello de Ourense, Natalia González, han presentado en la sede del alto comisionado del Parlamento de Galicia, en Santiago, una queja en la que demandan la "intervención urgente" de la institución ante "la gravedad" del caso "desde el punto de vista ético, moral y legal".

"Esperamos que se haga un apercibimento al alcalde, porque vemos que se niega a rectificar y no queremos que esto vuelva a pasar", ha aseverado Fraga en declaraciones a los medios a la puerta de la sede del Valedor.

Los socialistas aseguran que existen documentos gráficos que prueban que Jácome y el hombre que hizo de rey Baltasar en la Cabalgata "habían compartido" momentos y que los antecedentes de esta persona son "conocidos" en la ciudad, donde cometió dos abusos sexuales contra mujeres en 2019 y 2022 por los que fue condenado.

"Independientemente de si se conocían o no, el alcalde tiene el deber legal de solicitar la certificación negativa del Registro Central de delincuente sexuales a las personas participantes en un evento principalmente dirigido a menores de edad", han aseverado las responsables del Partido Socialista.

Justificación del Concello

El PSdeG también ha aprovechado para rebatir la justificación esgrimida por el gobierno local ourensano, que defiende que no era obligatorio pedir un certificado de ausencia de antecedentes para el contrato de la cabalgata porque no se trata de una actividad que implique un contacto "habitual" con menores sino que se trataba de algo esporádico.

Los socialistas han incidido en que el apartado 2 del artículo 57 de la Ley de protección a la infancia recoge que la exigencia de este certificado se aplica en "todas aquellas (actividades) que tengan como destinatarios principales a personas menores de edad".

Así, consideran que el ayuntamiento "incumplió" esta normativa y, por lo tanto, hizo que "cientos de niños y niñas" de Ourense se hayan "acercado a un delincuente sexual", lo que califican de "un hecho sin parangón" que denota "el desprecio del alcalde hacia la infancia y la ciudadanía en general".