Solo el 1% de las casas vacías y bien conservadas en Ourense se alquilan

Cerca de 32.000 viviendas podrán beneficiarse de la medida de la Xunta que pretende poner en el mercado del alquiler vivienda vacía. El Gobierno autonómico quiere solucionar el problema de acceso a la vivienda y para ello ha puesto en marcha una medida que busca incentivar a los propietarios de vivienda vacía. Ahí, Ourense puede jugar un papel fundamental y ser la más beneficiada, pues es la provincia española con más casas y pisos vacíos.

La enmienda que el Gobierno autonómico ha introducido en los presupuestos contempla que los gallegos que alquilen una vivienda vacía con un tope de 700 euros al mes podrán deducir 500 del tramo autonómico del IRPF. El importe de la deducción se prorrateará en función del porcentaje de participación en la propiedad y uno de los requisitos será que el precio mensual del inmueble, incluidos sus anexos, no supere los 700 euros. Según sus estimaciones, con esta iniciativa, la Administración gallega confía en poner a disposiciónmil viviendas en alquiler en el 2025.

Dentro del circuito de comercialización de la provincia, actualmente solo hay 275 viviendas disponibles para alquilar, mínimos históricos, según los datos de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein).

Los propietarios podrán deducir 500 euros por vivienda en el tramo autonómico del IRPF si alquilan su vivienda vacía

Vivienda vacía

Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifran en 119.348 las viviendas vacías en el territorio ourensano -el dato más alto de España-, una cantidad que Fegein rebaja hasta situarla en 72.716, ya que dicho censo se elaboró en plena pandemia y está condicionado por las restricciones de movilidad de entonces. Con las previsiones de la propia patronal inmobiliaria, que apuntan a que solo un 32% de estas viviendas vacías están en condiciones de habitabilidad (el 68% restante tiene condiciones deficientes o muy deficientes de conservación), en la provincia podrían beneficiarse hoy en día de esta medida alrededor de 32.000 viviendas. Actualmente, solo el 1% de ellas está en el circuito de comercialización.

Benito Iglesias, presidente de Fegein, pide que los concellos “agilicen los trámites y tiempos en urbanismo”

Benito Iglesias, presidente de Fegein, califica la medida del ejecutivo autonómico como “acertada”, de hecho señala que desde la patronal inmobiliaria llevan tiempo defendiendo que las bonificaciones fiscales son positivas para movilizar las viviendas vacías. Para Iglesias, la única manera de revertir el problema del alquiler no es actuar en los precios, sino directamente en la oferta, ya que “la sistemática destrucción de la oferta únicamente va a seguir tensionando los precios”.

De la misma forma, Benito Iglesias explica que para la patronal inmobiliaria es fundamental que los concellos “agilicen los trámites y tiempos en urbanismo” para poder rehabilitar las viviendas vacías en mal estado”. En este sentido, urge a movilizar las viviendas vacías en buen estado o que necesiten una leve reforma, para poder “estabilizar la oferta y la demanda y a la vez reducir los precios de una atomizada demanda”.

Pendientes de reactivarse 465 esqueletos de obra

La geografía ourensana está llena de edificios inacabados. Esqueletos de lo que iban a ser bloques de viviendas o casas que se quedaron en proyectos paralizados. Permanecen como símbolos del auge y caída del sector inmobiliario y desde la patronal urgen una solución para acabar con estos inquilinos del paisaje.

La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) cifra en 465 las obras inacabadas en la provincia entre distintas fases y tipologías de edificios. Una cantidad que está lejos de los números de las provincias costeras, que suponen un problema de feísmo e inseguridad por el deterioro de las construcciones.

Es por ello que la Xunta prepara un plan para reactivar las obras a medio hacer. Lo hará dotando de seguridad jurídica a los promotores interesados en recuperar las licencias de obra para acabar los edificios. La condición es que la mitad de los nuevos pisos sean de protección oficial. Una medida que Benito Iglesias valora como “acertada” para solucionar esta situación.