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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó ayer una resolución de julio de 2021 de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en la que le solicitaba a Augas de Galicia, dependiente de la Xunta, el pago de más de dos millones de euros en concepto de una deuda derivada de once convenios de colaboración sobre ejecución de obras hidráulicas suscritos entre 2001 y 2007. Se desestima así el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Gobierno gallego, que también deberá pagar las costas del litigio, hasta un máximo de 1.500 euros.
El tribunal considera que “no existen deudas razonables” sobre las obligaciones recíprocas que asumieron las dos partes concertantes en lo “previamente estipulado” en un protocolo de colaboración de 1999. En virtud de este, el organismo estatal se encargaría del 85% del importe de las inversiones, mientras que el 15% restante sería a cargo de la administración gallega.
Además, los magistrados recuerdan que el protocolo estableció que, en cuanto a los sobrecostes de las obras “que pudieran producirse por cualquier incidencia”, el porcentaje lo asumirían ambos organismos “en la misma proporción”.
Durante el desarrollo del juicio, el abogado del Estado aportó documentos que, según la Sala de lo Contencioso-Administrativo, “dan cuenta también de los pagos que, en ejecución de los convenios, se fueron produciendo hasta los años 2008 y 2010”.
La Xunta pretendía que se anulase la liquidación de esas deudas, argumentando que ya había transcurrido el plazo para exigirla. Además, sostenía que los aumentos de gasto que dieron lugar a la deuda “no están acreditados”, por lo que solicitaban su anulación.
Fuentes de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, de la que depende Augas de Galicia, confirmaron que “reconocen” la deuda y su intención es “afrontar sus obligaciones” de aportar el 15% que estipulaban las cláusulas de los convenios.
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