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RECURSO JUDICIAL
La asociación gallega que representa a pymes y autónomos del transporte de mercancías por carretera, Apetamcor, anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la decisión del Consejo de Ministros del pasado 2 de diciembre de 2025 de no admitir a su solicitud para revisar de oficio las prórrogas de la Autopista del Atlántico, la AP-9.
La decisión fue aprobada en la junta directiva de Apetamcor ayer, jornada en la que comparecieron ante los medios el presidente de la entidad, Javier Adolfo González; la directora general, Natalia Blanco, así como la secretaria general Myriam Otero, junto al abogado Xoán Pérez Lema, responsable de la representación legal de la asociación en este contencioso.
Apetamcor reclama la nulidad de las prórrogas concedidas por los gobiernos de Felipe González en 1994 y de José María Aznar en 2000 al considerar que supusieron una modificación sustancial de la concesión de la autopista. Y es que, conforme señaló Myriam Otero, esta infraestructura supone “un eje estratégico” para el sector del transporte e implica unos “costes muy elevados”, que hacen que los transportistas opten por las vías nacionales, lo que implica “mucho más riesgo para la seguridad viaria”.
En su intervención, Pérez Lema recordó que la asociación presentó el pasado 5 de agosto su solicitud de revisión de oficio de estas prórrogas, que fue inadmitida a trámite, una decisión que hoy recurrirán mediante la presentación de un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo.
El abogado Xoán Pérez Lema sostuvo que las prórrogas supusieron una modificación sustancial de la concesión de la autopista que supuso una ruptura de la igualdad de trato prohibida por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). “Este tipo de modificaciones sustanciales, cuando se les da muchísimo más tiempo sin sacar un recurso público, un proceso de concurrencia competitiva, supone una vulneración de la igualdad de trato y va contra los tratados constitutivos de la Unión Europea”, señaló.
El BNG organizó una acción de protesta en el área de San Simón y en un peaje de Vilaboa (Pontevedra), por donde discurre la AP-9, para exigir al Gobierno central “poner fin” de forma “inmediata” a la concesión de la autopista y a impulsar su transferencia a Galicia. En declaraciones a los medios, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, pidió que la autopista, que califica de “estafa legalizada” y ve “amortizada”, pase a ser una “carretera libre de peajes”. Además, recordó que la Comisión Europea ha calificado de ilegal la prórroga, que actualmente se extiende hasta 2048 y de la que culpa a gobiernos del PP y PSOE.
“Los gallegos y gallegas continuamos pagando peajes en la autopista del Atlántico, 12 años después de que debería haber finalizado la concesión, por una infraestructura que ya está amortizada y que únicamente está favoreciendo los intereses de una empresa privada”, criticó. Mientras no se ejecute la finalización de la concesión que reclama, el BNG demanda que no se apliquen las subidas previstas, que, según apunta Rego, significarán un incremento del 4% y “agravarían” la situación.
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