Bruselas expedienta a España por obstruir la opa a Sabadell

La Comisión Europea abrió este jueves un expediente de infracción contra España por los poderes discrecionales que varias normas de la legislación nacional otorgan al Gobierno para frenar operaciones como la opa lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell. El Ejecutivo comunitario consideró que el alcance de estas competencias permite al Gobierno actuar más allá del interés general, en contra del Derecho de la Unión Europea.

Según fuentes comunitarias citadas por medios como Europa Press, el problema no radicó tanto en la actuación concreta del Ejecutivo español respecto a la opa, sino en que la legislación vigente no se alineó con las normas europeas. En particular, Bruselas cuestionó la transposición de dos directivas comunitarias que, a su juicio, necesitaron un cambio “profundo”: la Directiva de Requisitos de Capital y la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito. Además, consideró que la Ley de Defensa de la Competencia necesitó un uso más adecuado.

Uno de los puntos más críticos del expediente fue la capacidad discrecional del ministro de Economía para vetar o condicionar operaciones bancarias estratégicas, una prerrogativa que, según Bruselas, socavó los poderes exclusivos del Banco Central Europeo (BCE) en esta materia. De hecho, la Comisión consideró inapropiado que la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pasase al Consejo de Ministros, como ocurrió el 27 de mayo, en el contexto de la opa del BBVA sobre Sabadell.

“Si existiese algún tipo de motivo genuino de interés público, esta intervención no habría supuesto un problema”, explicaron las fuentes europeas, que insistieron en que la legislación permitió ir más allá de lo justificado en términos de interés general.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió la legalidad de las normas usadas para condicionar la OPA de BBVA al Banco Sabadell, el mismo día en que la Comisión Europea abrió un expediente sancionador contra España por considerar que dicha legislación no se alinea con el Derecho de la UE.

Bruselas cuestionó el uso de la Ley de Defensa de la Competencia y la de Solvencia Financiera, al entender que otorgan al Gobierno poderes discrecionales que pueden ir “más allá del interés general”.

Cuerpo recordó que estas leyes tienen “10 y 18 años” de antigüedad y subrayó que la normativa nacional “está plenamente alineada” con la europea. Afirmó que el expediente “no supone un freno a la operación” y es un proceso paralelo. El ministro aseguró que el Ejecutivo facilitará “toda la información” requerida y que “colaboraremos de manera constructiva con la Comisión (…) esperando que este procedimiento pueda concluir de manera satisfactoria para todos”.

Fuentes del Ministerio admitieron que el expediente era una posibilidad y que el proceso “puede alargarse durante años”.

Además, Cuerpo señaló que este tipo de revisiones forman parte del funcionamiento normal de las instituciones comunitarias y que el Gobierno “confía en que el diálogo técnico permita aclarar cualquier discrepancia”.

También recordó que estas leyes se aplicaron en varias ocasiones anteriores sin objeciones por parte de Bruselas.

Reafirmó el compromiso de España con el Mercado Único y el Estado de Derecho.

El Ministerio no descartó introducir ajustes normativos si fueran necesarios para reforzar la compatibilidad con el marco legal europeo, dentro de un proceso de diálogo.

Dispuestos a cooperar

El envío de esta carta de emplazamiento marcó el inicio de un procedimiento sancionador, que abrió un periodo de diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias detectadas. En última instancia, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si España no corrigiese los aspectos legales en cuestión.

Por su parte, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa mostró su disposición a cooperar con la Comisión Europea y el resto de instituciones comunitarias para “aclarar” las posibles diferencias jurídicas.

“España comunicará su respuesta en el plazo de dos meses, como habilita el procedimiento. El Gobierno seguirá cooperando constructivamente con las instituciones europeas para explicar y aclarar cualquier diferencia jurídica o técnica, reafirmando nuestro firme compromiso con los principios del Mercado Único y el Estado de Derecho”.

Desde el Gobierno central, por su parte, también recordaron que las normas cuestionadas llevan años en vigor y se aplicaron en varias ocasiones desde su aprobación. La Ley de Defensa de la Competencia data de 2007 y la Ley de Solvencia Financiera, de 2014.

Este procedimiento abierto por Bruselas no afectará en la práctica a la operación de BBVA sobre Sabadell, ya que el foco se centró en el marco normativo y no en decisiones específicas.