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Cepsa y Repsol pedían la anulación de las multas o al menos la reducción de su importe y alegando la vulneración del derecho de defensa así como los errores de Bruselas a la hora de analizar las pruebas.
La sanción total para el cártel que fijó la comisión ascendía a 183 millones de euros. Afectaba en concreto al betún de penetración, utilizado para la construcción de carreteras y no sujeto a transformación posterior.
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