El campo y los servicios, sin escudo ante la fuerte inflación

La capacidad de los salarios para resistir el embate de la inflación se ha convertido en el gran termómetro de la salud económica de las familias. Sin embargo, la protección frente al encarecimiento del coste de la vida está lejos de ser universal. En la actualidad, sólo cuatro de cada diez trabajadores -en concreto, un escaso 39,4%- cuentan con una cláusula de revisión salarial en sus convenios colectivos de aplicación. Esta herramienta es el único mecanismo efectivo para evitar pérdidas reales de poder adquisitivo frente al repunte de los precios. La situación, no obstante, dibuja una realidad tremendamente desigual dependiendo del sector económico en el que se desarrolle la actividad, según revelan los últimos datos del Ministerio de Trabajo extraídos de los convenios colectivos registrados hasta agosto de este año.

La radiografía sectorial muestra dos mundos laborales completamente distintos. Por un lado, se encuentran los sectores tradicionales con un fuerte arraigo sindical y convenios muy consolidados. Así, el 74,4% de los trabajadores de la industria y el 72,7% de los empleados de la construcción que están amparados por la negociación colectiva disponen de estas vitales cláusulas de garantía salarial. La industria, con 1.127 convenios registrados hasta agosto, da amparo a 1,73 millones de trabajadores, de los cuales 1,28 millones gozan de esta revisión. En la construcción, con 71 convenios que afectan a 976.627 empleados, siete de cada diez (unos 709.700 trabajadores) están protegidos.

Sin blindaje

En el extremo opuesto se encuentra la precariedad de la protección en sectores fundamentales. Estos porcentajes de blindaje se desploman dramáticamente, alcanzando apenas al 7,6% de los trabajadores de la agricultura y a un modesto 24,5% en el caso del sector servicios. El caso del sector servicios es especialmente crítico por su enorme peso en la economía: hasta agosto se habían registrado 1.658 convenios con efectos sobre más de 6 millones de trabajadores (6.017.960). Pese a este volumen masivo, únicamente 1,47 millones de ellos cuenta con una cláusula de revisión salarial. Aún más precaria es la situación en la agricultura, donde de los 121.220 trabajadores cubiertos por 33 convenios, tan solo 9.265 tienen recogida esta garantía. El balance general de la estadística de Trabajo resulta contundente. Entre enero y agosto se registraron 2.889 convenios colectivos, y solo el 29,9% de ellos (863 convenios) incluía esta red de seguridad.

Unos 604 contemplan su aplicación con efectos retroactivos, lo que permite compensar la inflación pasada. En cifras absolutas, de los más de 8,8 millones de trabajadores amparados por convenios, solo cerca de 3,5 millones disfrutan de esta revisión.

Los sindicatos fijan su hoja de ruta

La evidente falta de protección salarial que afecta a gran parte del mercado laboral ha marcado el inicio de una etapa decisiva para los agentes sociales. Las organizaciones sindicales y patronales se enfrentan este año al reto ineludible de negociar el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Este marco, fundamental para guiar los convenios de todo el país, debe renovarse tras vencer el pasado mes de diciembre el acuerdo hasta ahora vigente, el cual recomendaba subidas salariales del 3% para 2025, acompañadas de una cláusula que preveía alzas adicionales de hasta el 1% anual (2023-2025) en caso de desviación de la inflación.

Con el objetivo de recuperar el terreno económico perdido por la clase trabajadora y garantizar una estabilidad a medio plazo, las organizaciones sindicales UGT y CCOO ya han puesto sus cartas sobre la mesa. Han planteado a la patronal una subida salarial anual fija del 4% para los próximos tres ejercicios. En términos acumulados, esto supone exigir un incremento de los sueldos del 12% hasta el año 2028.

Sin embargo, la propuesta sindical va mucho más allá de una subida plana y busca atajar de raíz la desigualdad salarial del país mediante un sistema de tramos diseñado para favorecer a los sectores más precarizados.

De este modo, proponen una subida adicional del 1% específica para aquellos convenios donde el salario medio se sitúe un 10% por debajo del salario medio nacional. Este porcentaje de solidaridad se incrementaría a un 2% adicional para los sueldos que estén un 20% por debajo de la media, y llegaría hasta una subida extra del 3% para los salarios más castigados (por debajo del 30%).

Y para evitar que se repita la desprotección actual, UGT y CCOO exigen como pilar innegociable un incremento adicional del 1,5% para cada uno de los años de vigencia del acuerdo en caso de que se produzca cualquier desviación al alza de la inflación.