Las constructoras sugieren el pago de peajes en las autovías

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) sugirió una tarifa de peaje de 2,8 céntimos por kilómetro para los coches y de 8,2 céntimos para los camiones en caso de aprobarse una implementación de peajes en las autovías españolas. Todavía no se trata de una propuesta de la patronal, sino del dato resultante de la inversión pública ejecutada de 4.657 millones de euros en 10 autovías de peajes durante 19 años en función del tráfico registrado en este tiempo.

Es decir, con esos pagos de 2,8 céntimos y 8,2 céntimos por kilómetro abonados directamente por los usuarios, el Estado se habría ahorrado 4.657 millones de euros, al mismo tiempo que se habría generado una estimación adicional de ingresos tributarios durante los 19 años de 793 millones de euros en concepto de recaudación de Impuesto de Sociedades (135 millones de euros), Bienes Inmuebles de Características Especiales (503 millones) e ITP (155 millones).

Así lo dio a conocer el presidente de la patronal de las constructoras, Julián Núñez, en una rueda de prensa en la que también avanzó que presentará en dos meses una propuesta que irá en esta línea de precios, quizá ligeramente superior en las tarifas de camiones. Núñez destacó que estos peajes son hasta un 78,5% inferiores a las tarifas medias de las autopistas de peaje actualmente en operación, al no tener que repercutir a los usuarios la inversión inicial en construcción.

Comparativa

Además, comparando los dos años anteriores al inicio de los contratos en estas 10 autovías que operan como “peaje en sombra” (el peaje no lo paga el usuario sino el Estado a la empresa que la opera) con los dos últimos de operación, se obtiene una reducción de los índices de peligrosidad y de mortalidad del 76,3% y 79,2%, respectivamente; una reducción de las víctimas mortales del 53%, frente al aumento del 11,5% registrado en el resto de las autovías libres; y unos índices de calidad y estado de la infraestructura “muy superiores” a los del resto de la red de autovías libres.

Núñez afloró un informe de PwC encargado por la patronal europea de concesionarios de autopistas -que presidía en 2024-, que concluye que el 73,8% de las red de autovías europea se opera y financia con peajes, frente a solo el 13% en España, el país europeo en el que menos peajes hay, a parte de Finlandia y Chipre, donde no existen. En Irlanda se aplican en el 36% de la red, y en el resto de países por encima del 74% (en 19 de ellos sobre el 100% de la red).

De esta forma, implementar peajes en toda la red permitiría invertir 10.661 millones de euros en medidas de seguridad operacional y vial, de sostenibilidad y de digitalización, con un superávit fiscal medio de entre 3.054 y 5.082 millones de euros cada año, debido a la reducción del gasto público de conservación e incremento de los ingresos públicos asociados a la tarificación.

Esto contrasta con el modelo actual, en el que hay un déficit de 10.000 millones en conservación, al invertirse solo 2.000 millones de euros anuales (22.489 euros por kilómetro), un 54% menos que Alemania y frente a la necesidad real de unos 3.700 millones.

Cambios en los contratos

Al margen de esa política viaria, Seopan advirtió en el terreno de las obras civiles del incremento de precios que siguen registrando los materiales básicos (acero 36 %, aluminio 12, cemento 5,6, electricidad 56 %, gas 30), lo que llevó, según sus cálculos, a encarecerse los proyectos públicos el año pasado un 27 % respecto al 2020. Las grandes constructoras señalan una larga lista de proyectos que considera necesario que las Administraciones públicas lleven a cabo hasta el año 2039, con un valor aproximado de 349.000 millones de euros, a la vez que piden una modernización del sistema de contratación y más margen para modificar presupuestos de obra en situaciones extraordinarias.

El presidente de la patronal de las constructoras, Julián Núñez, también dio a conocer las principales previsiones del sector de la construcción de cara a 2025, cuando se espera un crecimiento del 3,5% en la producción, impulsado principalmente por la vivienda de obra nueva.

En concreto, la edificación residencial podría crecer hasta un 9%, frente a la rehabilitación residencial, que aumentará un 3,2%; la edificación no residencial, con un incremento del 1,7%; y la obra civil, con otro del 1,4%. “Esto es consecuencia, por un lado, del incremento del 16% en los visados de vivienda nueva registrado en 2024 (residencial) y, por otro, de la moderación del crecimiento de la licitación y contratación pública registrada el año pasado, así como de los registros de inversión pública del tercer trimestre del año pasado (obra civil y no residencial”, explicó.