El fondo de pensiones de Países Bajos compra la AP-9 y se hace con el control de todas las autopistas gallegas

Globalvia ha alcanzando un acuerdo con el fondo APG, el mayor proveedor de fondos de pensiones de los Países Bajos, para vender toda su participación en Itínere y zanjar todos los litigios que la compañía española arrastraba desde hace años por su participación en esta empresa. Con esta adquisición, Globalvia se hace con el control exclusivo de las autopistas gallegas, como soon la AG-57, AG-55, AP-9y AP-53; además de la AP-66, de Asturias a León; la AP-8, en País Vasco; o la AP-15, en Navarra.

"Este conjunto de acuerdos refleja el compromiso de las dos compañías por resolver las disputas sobre Itínere, cerrando los desacuerdos que se habían alargado en el tiempo", ha anunciado Globalvia en un comunicado, en el que no especifica el importe económico de la transacción.

Del 56% al 100%

La empresa española de movilidad adquirió por primera vez una participación en Itínere el 17 de octubre de 2018 y aumentó su participación hasta el 40% en 2019. Hasta ahora, APG tenía el 56% de Itínere a través de varias entidades y suma ahora el 40% de Globalvia.

En los últimos años, Globalvía ha instado en varios procedimientos judiciales su legitimidad a hacerse con el 90% del capital de Itínere, argumentando que varias operaciones llevadas a cabo en el capital de la empresa en el pasado no se hicieron conforme a derecho.

En concreto, recurrió la venta de Sacyr al fondo estadounidense Corsair de su participación del 15,5% en Itínere, pese a que Globalvia acordó con Sacyr, Kutxabank y Abanca la compra del 55% de la compañía. Sacyr decidió venderla a Corsair invocando un pacto de accionistas anterior a ese acuerdo.

Aludiendo al mismo acuerdo de accionistas, los fondos neerlandés y estadounidense se trasmitieron el 36% de Itínere a través de un sociedad vehicular (Arecibo), lo que evitó que Globalvia aumentase su participación de control, mientras que APG tomó el control efectivo de la empresa.

La adquisición de la AP-9 se conoce en pleno debate y polémica sobre la transferencia de su gestión a Galicia y la legalidad de los términos en los que se procedió a su concesión.