El Gobierno desvió otros 8.500 millones de la UE a pensiones

El Gobierno central recurrió en 2025 a una reasignación masiva de fondos europeos para cubrir gastos corrientes del Estado, principalmente pensiones, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras partidas sociales, ante la ausencia de nuevos Presupuestos Generales. En total, se movilizaron al menos 8.500 millones de euros inicialmente reservados para proyectos financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea, el instrumento que canaliza los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Según una información que publicó ayer el diario El Mundo, la operación se articuló a través de expedientes de modificaciones presupuestarias remitidos por el Ministerio de Hacienda al Congreso de los Diputados. En la práctica, la técnica consistió en dar de baja créditos vinculados a proyectos de inversión financiados con fondos europeos bajo el argumento de que no iban a ejecutarse en el ejercicio 2025 y dar de alta, en paralelo, créditos para gasto corriente que el Gobierno consideraba prioritario, como el refuerzo de la Seguridad Social o el incremento de las dotaciones para el Ingreso Mínimo Vital.

Uno de los movimientos más significativos se produjo en julio de 2025, cuando el Consejo de Ministros aprobó una transferencia cercana a los 3.000 millones de euros para reforzar el sistema de la Seguridad Social, en el marco de los compromisos del Pacto de Toledo. De este modo, dinero inicialmente previsto para programas de transición energética, movilidad eléctrica o modernización industrial terminó destinado a cubrir el aumento del gasto en pensiones contributivas y complementos de pensiones mínimas.

La reasignación de estos 8.500 millones en 2025 se suma a los más de 2.300 millones ya detectados en 2024 por los órganos de control, lo que eleva por encima de los 10.000 millones el volumen de fondos europeos reorientados en solo dos ejercicios. Además, existen otros alrededor de 3.000 millones destinados a pensiones de funcionarios cuya financiación exacta no ha sido aclarada con detalle, lo que podría elevar la cifra total de recursos europeos utilizados para gasto corriente por encima de los 13.000 millones.

Desde el Gobierno se defiende que estas modificaciones presupuestarias se ajustan a la legalidad y que el conjunto del Plan de Recuperación se ejecutará en los plazos y términos acordados con Bruselas. El argumento principal es que los proyectos afectados por las bajas de crédito no se iban a ejecutar en 2025 y que, por tanto, la reasignación no compromete su realización futura, sino que responde a una gestión flexible de los recursos en un contexto de prórroga presupuestaria y de ejecución más lenta de lo previsto en algunos programas. Sin embargo, la operación suscitó críticas políticas. La oposición acusa al Ejecutivo de utilizar los fondos europeos, concebidos para transformar el modelo productivo y acelerar la transición ecológica y digital, como una vía para tapar el creciente agujero de las pensiones y otros gastos estructurales del Estado.