El Gobierno rechaza convertir interinos a fijos masivamente

El Gobierno señaló que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conocido hoy es “meramente aclaratorio”, por lo que no afecta a la normativa nacional ni impone sanciones de ningún tipo, y el derecho europeo no obliga a España a hacer fijos los contratos temporales del sector público. Según indicaron fuentes del Ministerio de Función Pública, la sentencia del TJUE es la respuesta a la prejudicial planteada por el Tribunal Supremo que preguntó si el marco constitucional español para el acceso al empleo público, basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, y que por tanto prohíbe la fijeza automática, era contrario al derecho europeo.

En una sentencia publicada hoy, el alto tribunal europeo considera que las medidas previstas en España para hacer frente al uso de contratos temporales sucesivos en el sector público no se ajustan al Derecho de la Unión, al entender que no permiten sancionar “debidamente” estas prácticas ni “eliminar las consecuencias” del incumplimiento. Así responde al caso de una trabajadora que encadenó seis contratos de interinidad desde 2016 en un centro educativo público de la Comunidad de Madrid, cuya relación fue calificada por la justicia española como indefinida no fija tras apreciar una utilización irregular. Sobre esta solución, el TJUE señala que “no constituye una medida adecuada”, ya que “supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal” y, con ello, la “situación de precariedad” del trabajador, pese a que, según señala el tribunal, la estabilidad en el empleo es un elemento “primordial” de protección.

Tras conocerse el fallo, desde Función Pública reiteraron el compromiso del Gobierno con la reducción de la temporalidad entre los empleados de la Administración Pública y recordaron que la doctrina del Tribunal Constitucional es contraria a hacer fijos a trabajadores temporales sin que saquen esta plaza en una oposición abierta a todo el mundo. “El TJUE lo que ha dicho es que España tiene que hacer más para evitar abusar de la figura del trabajador temporal, pero no obliga a hacerlo de una manera u otra”, apuntaron dichas fuentes. Así, defendieron los principios de “igualdad, mérito y capacidad” como pilares constitucionales que garantizan el acceso al empleo público en España basándose en la competencia profesional.