Nadie quiere recortar la PAC, salvo Alemania y Países Bajos

Una amplia mayoría de gobiernos europeos rechazó los recortes que propone la Comisión Europea en los fondos de la Política Agraria Común (PAC) y de Cohesión para el presupuesto 2028-2034. A pesar de que países como Alemania o Países Bajos defendieron la necesidad de asumir “decisiones dolorosas”, la mayoría de los Estados miembros pidió proteger estos programas, considerados “existenciales” para la UE.

La Comisión plantea un recorte de más del 20 % en la PAC, que pasaría de unos 400.000 millones a 300.000 millones. En el caso de España, la asignación bajaría hasta los 88.100 millones de euros, frente a los 100.000 millones anteriores, lo que preocupa al Gobierno. El secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, lamentó que “quedan desvirtuados tanto el apoyo al desarrollo rural como a regiones menos desarrolladas”.

Varios países criticaron también el modelo de gestión centralizada propuesto por Bruselas. El ministro húngaro János Bóka rechazó esta vía porque considera que podría usarse para “ejercer presión política”. El francés Benjamin Haddad afirmó que permanecerán “vigilantes”, y el luxemburgués Xavier Bettel advirtió: “Si los agricultores empiezan a manifestarse mañana, entonces tenemos que ser muy sensibles con los mensajes que transmitimos”.

El italiano Tommaso Foti alertó de que el recorte “se queda corto” en el mensaje que lanza al sector agrícola. Desde Irlanda, Thomas Byrne defendió “una PAC dedicada y sólida” con apoyo a agricultores, pescadores y comunidades rurales. Estonia, Letonia y Lituania se mostraron “escépticos” ante los “pronunciados recortes” y pidieron tomarse estos programas “más en serio”.

El ministro checo Martin Dvorak alertó de que fusionar cohesión y PAC “podría dar lugar a complicaciones imprevistas” por sus diferentes normas y objetivos. Otros gobiernos remarcaron que decisiones así afectan directamente a la confianza ciudadana en las instituciones europeas, sobre todo en las regiones que dependen de estos fondos para su desarrollo.

Algunos Estados pidieron también reforzar el papel del Parlamento Europeo en la negociación del presupuesto, para equilibrar el control financiero con la cohesión territorial. A su juicio, una reforma tan ambiciosa no puede cerrarse sin tener en cuenta a todos los actores políticos ni sin valorar a fondo su impacto económico y social. Las posiciones continúan muy divididas. La propuesta de la Comisión abre ahora un proceso de negociación que se alargará al menos dos años.