El PP llevará la derogación de la ley de vivienda al Congreso

El PP culpa a la ley de vivienda aprobada en 2023 de haber eliminado más de 120.000 pisos del mercado de alquiler residencial por el aumento de la “inseguridad jurídica” y pedirá la próxima semana al Congreso su derogación.

El partido defenderá en el Pleno del Congreso una moción consecuencia de una interpelación urgente dirigida a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, denunciando que muchos propietarios han optado por vender, retirar sus inmuebles o trasladarlos al alquiler temporal tras la aprobación de la ley pactada por PSOE, Podemos, ERC y Bildu.

“El resultado ha sido una presión desorbitada sobre los pisos disponibles, especialmente en zonas humildes, donde las familias trabajadoras, la clase media, está siendo expulsada de los centros urbanos”, remarcó el PP.

Como ejemplo, citó Cataluña, primera comunidad en aplicar medidas de la ley para limitar los precios del alquiler, donde según Idealista, los precios subieron un 8,7% en el último año y de cada tres viviendas retiradas del alquiler en España, una lo hace en Cataluña. En Barcelona, por cada piso anunciado hay 341 solicitudes, frente a 77 antes de la norma.

El PP considera la ley “intervencionista” y afirma que provoca “inseguridad jurídica, subida de precios, reducción de la oferta y un incremento de la ocupación e inquiocupación”. Además, aprovechó para denunciar el “fenómeno creciente de la ocupación ilegal”.

Hay unas 100.000 viviendas ocupadas

Según datos del Instituto de Estudios Económicos compartidos por el Partido Popular, hoy hay unas 100.000 viviendas ocupadas en España, y un 30% de los afectados ni siquiera denuncia por la lentitud de los procesos judiciales, que pueden prolongarse hasta 18 meses.

Con este panorama, el PP pidió acabar con la ocupación ilegal de viviendas e inquiocupación, garantizando que las personas que ocupan ilegalmente una vivienda sean expulsadas en un plazo de entre 24 y 48 horas.

Además, el Grupo Popular incluyó en su moción otros dos puntos: medidas fiscales que faciliten el acceso a la vivienda a los jóvenes y la creación del “Proyecto Residencial Estratégico” para unificar los trámites de planeamiento, gestión y ejecución, reduciendo los plazos de construcción de 10 a cuatro años.