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El máximo órgano de gobierno de los jueces ha tomado una determinación clave. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha decidido trasladar al responsable de la acción disciplinaria la resolución dictada por el magistrado Juan Carlos Peinado. El motivo del envío radica en las controvertidas afirmaciones plasmadas en dicho escrito, donde el instructor sugería abiertamente que los agentes de la Policía Nacional asignados a la escolta de Begoña Gómez podrían cooperar en una hipotética huida de España.
Fuentes del ámbito jurídico confirmaron la adopción de esta medida al término de la sesión, precisando que la decisión sitúa el foco sobre una presunta falta grave de desconsideración.
Para dar este paso, la Comisión se ha fundamentado de forma específica en el artículo 418.5 de la LOPJ. Este precepto legal cataloga como infracción grave cualquier exceso o abuso de autoridad, así como la desconsideración manifiesta hacia los ciudadanos, las instituciones públicas, los profesionales del derecho y los propios integrantes de la Policía Judicial.
La resolución definitiva evidenció la disparidad de criterios dentro del órgano, teniendo que salir adelante por una ajustada mayoría gracias al voto de calidad de la presidenta del TS y del CGPJ, Isabel Perelló. En el lado opuesto, cuatro vocales discrepantes decidieron desmarcarse del acuerdo de la Permanente y formalizaron un voto particular para plasmar sus objeciones al procedimiento.
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