Anticorrupción pide dos años de cárcel para el expresidente de Murcia por el caso Púnica

La Fiscalía Anticorrupción solicita dos años de cárcel para el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez por los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada, en relación con su implicación en la rama de Murcia de la trama Púnica.

En un escrito remitido a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), las fiscales del caso solicitan la apertura de juicio oral contra el exmandatario regional -para el que también piden ocho años de inhabilitación- y un año y medio de cárcel para David Conesa, quien fuera miembro de su equipo.

El Tribunal Superior de Justicia de la región ha circunscrito el caso Púnica a la figura de Sánchez y Conesa por fraguar presuntamente trabajos con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para "limpiar" con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la presidencia de la región en 2015.

Las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez recogen en su escrito de acusación que De Pedro y Conesa, valiéndose de sus contactos políticos, firmaron contratos públicos "muchos de ellos con objeto simulado" a cambio de realizar trabajos personales de imagen, reputación on line y posicionamiento en la red, todos ellos pagados con fondos públicos.

CUATRO REUNIONES

En este caso concreto acordaron, tras cuatro reuniones entre las partes, que llevarían a cabo trabajos reputacionales para Sánchez, en aquel momento consejero de Educación de Murcia. Estos se presupuestaron en 4.600 euros al mes durante siete meses con un coste total de 32.000 euros que podrían ser constitutivos de delito de fraude porque, aunque no se llegaron a cobrar, sí hubo un acuerdo que afectó a la Administración.

Eloy Velasco, el magistrado que comenzó instruyendo la causa Púnica en la Audiencia Nacional, elevó el pasado 3 de abril la exposición razonada al TSJMU de la parte relativa al exmandatario murciano. El juez entendió que "prueba del concierto de voluntades" orquestado entre las partes fueron al menos las reuniones celebradas de forma connivente y cuasi clandestinas para acordar esos trabajos que serían facturados bajo conceptos y con dinero público relacionado con partidas para "formación" de la Consejería de Educación.