La aportación del Gobierno central en 2025 a la dependencia en Galicia baja dos puntos y se queda en el 32,9

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, denunció esta mañana en el Senado que el Gobierno central continúa incumpliendo la Ley de Dependencia y sigue "reduciendo su aportación al financiamiento de este sistema". Según señaló la conselleira, los datos de 2025 conocidos esta semana implican que el Ejecutivo central disminuyó su contribución hasta el 32,9%, que supondrían dos puntos menos que en 2024, cuando el porcentaje se situaba en el 34,9%.

Critció que, de los 733,7 millones destinados este año a la dependencia en Galicia, más de 492 fueron aportados por la Xunta y 241 por el Estado, una diferencia de 250 millones que dejó de abonar en el último ejercicio. Con estos datos "se refleja claramente que el Gobierno central está muy lejos de cumplir la ley, que obliga a financiar el 50%, y aumenta año a año su deuda con Galicia", que estaría ya superando los 3.000 millones de euros.

En su intervención en la comisión general de las comunidades autónomas, Fabiola García puso el foco en que crear nuevos derechos sin el financiamiento pertinente "solo genera frustración a los ciudadanos" y reprobó el "trato desigual entre territorios", especialmente en el acuerdo del Gobierno central con el País Vasco para financiar el 50% de la dependencia.

Puso en valor el "esfuerzo realizado por Galicia" para mejorar la atención a la dependencia, y recordó el plan de choque impulsado por la Xunta en enero de 2025 "basado en tres ejes: inversión histórica por parte de la Xunta, reducción al máximo de la burocracia y la implantación de vías rápidas para ciertos colectivos".

Según declaró la concelleira, en su primer año de aplicación el plan permitió resolver más de 86.000 expedientes, reducir en más de dos meses los tiempos de espera y situar a Galicia como la comunidad que más agilizó la atención a la dependencia.

Por último, Fabiola García denunció que este plan "está en riesgo debido al recurso presentado por el Gobierno central ante el Tribuna Constitucional" contra las homologaciones automáticas de dependencia y discapacidad". Pidió la retirada del recurso.