La Audiencia Nacional avala investigar a Zapatero por presunto tráfico de influencias en Bolivia

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado que la investigación sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero incluya un presunto delito de tráfico de influencias en Bolivia. Los magistrados han desestimado el recurso presentado por su defensa contra un informe policial que apuntaba al cobro de 200.000 euros por intermediar a favor del grupo empresarial peruano Gloria ante las autoridades bolivianas.

En un auto conocido este martes y al que ha tenido acceso EFE, la sección tercera de la Sala de lo Penal rechaza excluir del procedimiento el informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. La defensa de Zapatero sostenía que los agentes se habían extralimitado al analizar sus movimientos económicos y que esa información suponía una intromisión ilegítima en su intimidad, además de abrir nuevas líneas de investigación ajenas al objeto de la causa.

Sin embargo, los magistrados consideran que los hechos sí guardan relación con el procedimiento. Según explican, los datos sobre los pagos surgieron del análisis de las comunicaciones de los dispositivos intervenidos durante el registro de la oficina del expresidente, el pasado mes de mayo. Por ello, entienden que la investigación sobre la supuesta intermediación en Bolivia está conectada con los hechos que ya se investigaban y no constituye una indagación prospectiva.

Un pago de 200.000 euros bajo investigación

El informe policial, fechado el pasado junio, apuntaba a que Zapatero habría recibido 200.000 euros a través de la empresa boliviana Focus Social Research por realizar gestiones para favorecer los intereses del grupo peruano Gloria en varios litigios millonarios con la Administración Pública de Bolivia, entonces presidida por Luis Arce.

La UDEF consideraba que existían indicios de una posible remuneración por tratar de mediar o influir ante las autoridades bolivianas. La Audiencia Nacional señala que los pagos canalizados mediante Focus Social Research presentan una apariencia de conexión con los hechos investigados y que existen sospechas de que esta sociedad pudiera actuar como intermediaria en la operativa.

La resolución también alude a un entramado societario internacional que, según la investigación, habría estado diseñado para canalizar fondos, ocultar la titularidad real de activos y desplazar capitales fuera de España. Los magistrados consideran que esta estructura habría previsto una expansión hacia Dubái y otros mercados de Latinoamérica, con una previsión de ganancias de unos tres millones de dólares en los cinco años siguientes.

La defensa alegó una vulneración de la intimidad

El abogado de Zapatero había solicitado que se anulase el informe de la UDEF del 22 de junio al considerar que la Policía había examinado sus cuentas bancarias sin autorización judicial y más allá de los límites de la investigación. La defensa argumentó que ese análisis vulneraba sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la intimidad.

La Sala rechaza estos argumentos y sostiene que las pesquisas sobre los pagos tienen conexión con la causa principal, en la que se investiga un supuesto tráfico de influencias relacionado con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra.

En este procedimiento se analiza si se ejercieron influencias para que la compañía recibiese el rescate del Gobierno de Pedro Sánchez. Los magistrados consideran que la posible actividad de intermediación en Bolivia debe investigarse dentro de esa misma causa.

El auto apunta, además, a la existencia de una organización criminal presuntamente liderada por Zapatero que habría actuado bajo una apariencia de asesoramiento para conseguir decisiones administrativas favorables a cambio de contraprestaciones económicas. Se trata de una hipótesis recogida en la investigación y no de hechos probados.