Ayuso solicita la deportación para 46 menores migrantes

La Comunidad de Madrid intensificó su pulso con el Gobierno central al solicitar la devolución a sus países de origen de 46 menores extranjeros no acompañados bajo tutela. Entre los expedientes remitidos por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a la Delegación del Gobierno se encontraba el del adolescente detenido como presunto autor de la violación de una niña de 14 años en Hortaleza, un caso que volvió a situar el debate sobre inmigración y seguridad en el centro de la agenda política madrileña.

Fue el portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, quien confirmó que ya se trasladaron 37 expedientes de expulsión, a los que se suman otros 9 que estaban siendo evaluados por la Comisión Técnica, entre ellos el del agresor de Hortaleza. “Lo que es irresponsable es lo que está haciendo el Gobierno central, que es nada, para evitar el caos migratorio que está viviendo nuestro país”, denunció García Martín, acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “desatender” un problema que, según él, desborda a las comunidades.

La Delegación del Gobierno en Madrid, bajo informe de la Fiscalía, tiene la competencia de dar curso a la repatriación de los menores. No obstante, la presidenta Isabel Díaz Ayuso intensificó la confrontación con Moncloa a través de las redes sociales: “Cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones. Y la respuesta del Gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos mientras nos insultan a los presidentes. ¡No hay derecho! ¡Ya está bien!”, escribió en un mensaje en X.

Además, la Comunidad de Madrid presentó un tercer recurso ante el Tribunal Supremo contra el último decreto estatal de reparto de menores inmigrantes no acompañados por “vulnerar de nuevo competencias autonómicas”. Este recurso se sumó a los dos anteriores: el primero contra el Real Decreto-ley del 18 de marzo y el segundo contra el Decreto de desarrollo aprobado en Consejo de Ministros el 22 de julio.

El primer recurso fue impugnado por la Comunidad de Madrid y otras 10 comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional por “invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, falta de justificación de urgencia y usar un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas”. El segundo se presentó ante el Supremo para impugnar la normativa aprobada por el Gobierno central que regula medidas para proteger a la infancia y adolescencia inmigrante no acompañada en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria desde Canarias.