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PREGUNTAS DE SU DEFENSA
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado durante 35 minutos ante el juez Juan Carlos Peinado, quien la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida e intrusismo, en relación con el software de la Universidad Complutense de Madrid. La declaración se llevó a cabo exclusivamente a preguntas de su defensa, a cargo del exministro Antonio Camacho.
Gómez llegó a los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid a las 9:40 horas, con un dispositivo de seguridad más reducido que en otras ocasiones, aunque varios furgones de la Policía Nacional se habían apostado en la zona desde las 8.33 horas.
Es la tercera vez que Gómez comparece ante el juez. En las dos ocasiones anteriores, el 5 y 19 de julio, se acogió a su derecho a no declarar, alegando irregularidades en el procedimiento y falta de garantías. En octubre, el juez amplió la investigación para incluir la querella presentada por Hazte Oír, que la acusa de apropiación indebida del <code>software</code> de la UCM y de intrusismo en la elaboración de pliegos para la contratación de un servicio técnico relacionado.
Su letrado, el exministro socialista Antonio Camacho, le ha preguntado sobre las licitaciones a Barrabés a pesar de que este miércoles no había sido citada a declarar por esta cuestión. Las fuentes consultadas detallan que Gómez ha sostenido que nunca tuvo conocimiento de las mismas, y que solo supo de ellas cuando fue imputada.
Gómez ha argumentado que firmó unas cartas de recomendación que, según ha destacado, son habituales para procesos de contratación pública. Fueron dos misivas, que no apoyaban a la empresa de Barrabés, sino supuestamente a la importancia del proyecto que se licitaba.
Tras esas cartas, la investigada ha sostenido que nunca se le informó del resultado final de la licitación, sino que se enteró de ello por los medios de comunicación. Gómez ha puesto el foco en el hecho de que esas cartas también fueron firmadas por grandes tecnológicas como Microsoft, IBM u Orange.
Por último, Gómez ha asegurado que otras instituciones y administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Madrid, también firmaron la misma carta modelo y terminaron adjudicando contratos a las empresas de Barrabés.
En lo relativo a su contratación por el IE, Gómez ha explicado que conocía al directivo del ente y exconsejero madrileño Juan José Güemes -que también ha declarado como investigado este miércoles- de hace tiempo, y que fue en 2017 cuando hablaron para colaborar profesionalmente en materia formativa.
Sin embargo, ese primer contacto no fraguó, puesto que no tendría tiempo para desempeñar labores adicionales a las que ya realizaba en la universidad y en Inmark.
La investigada, según las citadas fuentes, ha apuntado que cuando pidió una excedencia en Inmark, Güemes le llamó para ser directora en el África Center. Su nombramiento, ha esgrimido, se produjo a mediados de 2018, permaneciendo en el mismo hasta junio de 2022 tras cesar voluntariamente.
Gómez ha destacado que no fue contratada por el IE por ser la esposa de Sánchez, argumentando que ese primer contacto con Güemes se produjo en 2017, un año antes de la moción de censura que llevaría a su marido a la Moncloa. En 2017, ha insistido, fue cuando se abrieron las posibilidades de colaborar con el instituto.
Con respecto a su colaboración con la Complutense, Gómez ha sostenido que empezó en 2012, primero con un diploma técnico y desde 2014 como codirectora del Máster Propio de la UCM en Fundraising Público y Privado. Posteriormente, en marzo de 2020, habría empezado a codirigir el Máster en Transformación Social Competitiva: los ODS como estrategia.
Retribución de 15.00 euros
La esposa del jefe del Ejecutivo ha aclarado que su relación profesional con la Complutense no estuvo amparada nunca por un contrato de trabajo que le impidiera realizar otras actividades profesionales al margen de la universidad. Como no era personal contratado, ha apuntado, todos los trámites los realizó siguiendo las indicaciones de los diferentes departamentos.
A preguntas de su letrado, Gómez ha afirmado que por su labor docente y por codirigir los másteres de título propio su retribución tenía un techo que ascendía a 15.000 euros. La investigada ha insistido en que nunca ha estado en plantilla en la Complutense, no ha percibido salario y no es catedrática.
Siguiendo el orden cronológico, Gómez ha incidido en que a finales de octubre de 2020 fue nombrada directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, un puesto que según ha añadido no conlleva ninguna retribución
La ideación del segundo máster, el de Transformación Social Competitiva: los ODS como estrategia, habría surgido según Gómez a partir de conversaciones con la Escuela de Gobierno y, posteriormente, se elevó a la Comisión de Formación Permanente en 2019, cuando se presentó la documentación.
La Cátedra Extraordinaria, ha apuntado Gómez, habría nacido tras una reunión con el rector de la UCM en julio de 2020, donde le trasladó la invitación a un Congreso para impulsar el nuevo máster. Fue en ese momento, ha reconocido la investigada, cuando le sugirió incorporar los dos másteres activos bajo lo que denominó una posible Cátedra Extraordinaria. La posibilidad se materializó en octubre de 2020
Gómez, apuntan las fuentes consultadas, ha destacado que la Cátedra se ha financiado con recursos privados, no públicos. La investigada ha asegurado que nunca ha buscado ningún tipo de lucro, ni por su parte ni por la de sus compañeros o las empresas que colaboraron, ha esgrimido, de forma desinteresada.
En cuanto a las marcas, Gómez habría apuntado que el logo "TSC: Transformación Social Competitiva" se registró antes de que se aprobase el máster y la cátedra y, en lo relativo a la marca de Plataforma Transforma, la misma se habría registrado para protegerla mientras se desarrollaba el proyecto tecnológico.
Gómez ha sostenido que inscribió el dominio de internet transforma.org y que lo puso en conocimiento de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación dentro del marco del proyecto de la plataforma tecnológica gratuita. Ellos, a través de un correo, le habrían informado de que nunca se había inscrito un dominio en la UCM y le indicaron dónde podía hacerlo.
La esposa del presidente ha indicado que tuvieron alguna reunión previa, pero no les dieron una solución y, posteriormente, respondieron por correo. Gómez ha aclarado que, el primer año, la coordinadora de la Cátedra dio de alta el dominio; el segundo año, lo habría hecho la propia Gómez, ya que se pagaba con recursos personales. El tercer año, ha apostillado, ya no se renovó por parte de la Complutense.
Gómez ha señalado que en septiembre de 2024 finalizó la inscripción del dominio, que no fue renovado por la Complutense, siendo adquirido por otras personas. La investigada ha aseverado que el proyecto de esa plataforma tuvo como fin que siempre fuese propiedad de la universidad.
A la salida del juzgado, el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha explicado a la prensa que la "primera dama" no había declarado hasta ahora porque hasta este momento "había una indefinición acerca de lo que se estaba investigando".
"Mi cliente ha declarado lo que quería desde el mismo inicio del procedimiento, porque no tiene nada que esconder. Si no ha declarado antes es porque había una indefinición acerca de lo que se estaba investigando. Y uno, si es investigado, tiene que conocer qué es lo que se investiga", ha señalado.
Camacho ha incidido en que Gómez se ha explicado ante el juzgado "todas las cuestiones que en principio podrían estar dudosas en el presente procedimiento". A su juicio, "no hay ninguna duda" de que la esposa del presidente del Gobierno "se ha comportado siempre de una manera correcta".
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