Cascada de confesiones en el último juicio de la Gürtel

El líder de la trama “Gürtel”, Francisco Correa, confesó en la Audiencia Nacional que quiso marcharse a Panamá para no pagar impuestos, en el último juicio sobre la macrocausa de corrupción, en el que la mayoría de acusados admitieron los hechos, incluido su mano derecha, Pablo Crespo. Correa aseguró en su declaración que no pagó impuestos, que no presentó declaraciones tributarias y que no aparecía como titular de cuentas bancarias en España.

Al respecto, admitió que trató de lograr la residencia en Panamá a cambio de más de 300.000 dólares a través de una de las acusadas, que le “estafó” -dijo- porque no se la consiguió. “Yo estaba buscando la residencia para evitar tributar en España”, confesó el líder de “Gürtel”, precisando que no llegó a abrir una cuenta en el país centroamericano porque lo detuvieron antes.

Correa afirmó no recordar que se presentara a esa acusada como íntimo del expresidente del Gobierno José María Aznar: “Yo no era amigo de Aznar. Le conocía porque trabajaba para el Partido Popular y fui a la boda de la hija, pero no era amigo mío”.

Su declaración tuvo lugar en el primer día del juicio relativo a la última pieza -denominada principal- sobre los delitos contra la Hacienda Pública que pudieran haber cometido Correa y Crespo con motivo de la ocultación de patrimonio, “en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigadas en las piezas separadas”. Y, al mismo tiempo, la estrategia que habrían desarrollado para el blanqueo de los ingresos procedentes de dichas actividades.

Acuerdos de conformidad

Durante la primera sesión, la fiscal precisó que, de los 25 acusados, 20 de ellos alcanzaron un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público a cambio de una condena menor. En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción explica que, desde al menos finales de 1998 y hasta 2009, Correa encabezó un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos.

“Fundamentalmente”, detalla, “con la obtención de contratos públicos tanto para sus empresas como para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión, así como a ocultar las ganancias obtenidas con dicha actividad”. Anticorrupción señala que la estructura empresarial para la que Correa obtenía “contratos mediante sobornos a cargos públicos” se dedicaba principalmente a la organización de eventos y viajes. “Y bajo su dirección se desplegó en el seno de la misma una continua actividad dirigida a la ocultación de ingresos a la Hacienda Pública y a la deducción indebida de gastos”, indica.

La Fiscalía expone que, para ello, Correa y Crespo tuvieron la “connivencia” de otros acusados para armar una “trama de confección de facturas falsas” con la “triple finalidad” de: sobornar a los cargos públicos mediante la generación de fondos opacos para la Hacienda Pública y ajenos al circuito económico legal -”Caja B”-; reducir la base imponible en las declaraciones tributarias de distintas sociedades mediante la simulación de gastos irreales y la ocultación de ingresos percibidos, y encubrir al verdadero titular de los fondos, su origen y destino.

En su escrito, dado a conocer antes de la conformidad, la Fiscalía Anticorrupción pedía 77 años de prisión para cada uno de los dos cabecillas de Gürtel, a los que la Audiencia Nacional concedió el tercer grado después de cumplir varios años de cárcel por otras piezas del caso.