Un condenado del 17-A, entre los expulsados por yihadismo

El Balance del terrorismo en España 2024 del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo señala que España expulsó a varios extranjeros vinculados al yihadismo, entre ellos “un argelino confidente de la Ertzaintza” y un condenado por el atentado del 17-A en Cataluña, Said Ben Iazza, quien “había facilitado un vehículo y documentación a miembros de la célula yihadista de Ripoll”.

El informe detalla que en febrero fue expulsado Said Lachhad, un marroquí que “había combatido en Siria en la rama filial de Al Qaeda y en el Estado Islámico” y que, al volver a España, “se dedicó al reclutamiento de nuevos terroristas para enviar a Siria”. En marzo, expulsaron a Nouh Mediouni, argelino y exmiembro de Al Qaeda. También se expulsaron otros acusados o vinculados al yihadismo, como Mohamed Harrak en junio, un hombre de Gelida en agosto acusado de “constituir una grave amenaza para la seguridad nacional”, y en septiembre, un grupo de 13 delincuentes desde Tarragona.

El informe destaca que de los detenidos en 2024, el 37% eran españoles y un tercio marroquíes, con otros detenidos de Argelia, Siria, Líbano, Pakistán, entre otros. El 37% de los arrestados realizaba “actividades de propaganda o de enaltecimiento de la violencia yihadista”, el 22,2% llevaban a cabo “actuaciones que pueden considerarse como preparatorias de la realización de atentados” y un 12,3% intentaba el reclutamiento de otros miembros. Solo un 1,2% estaban acusados de “proporcionar financiación a grupos terroristas”.

Además, aumentó la implicación de menores, con 15 detenidos en 2024, cifra que “supera la suma de los detenidos en los siete años anteriores”, destacando el caso de un joven de 17 años en Montellano (Sevilla) que “ensayaba en un descampado para detonar una bomba con TAPT (triperóxido de triacetona), conocido como ‘la madre de Satán’”. También se arrestó a ocho mujeres, cifra similar al año anterior, sumando 52 detenidas desde 2015, lo que supone el 8,84% de todas las capturas practicadas.

El informe subraya la importancia de la colaboración entre cuerpos policiales y judiciales para mejorar la eficacia en la lucha contra el terrorismo, y destaca la necesidad de fortalecer programas de reinserción y vigilancia para evitar la radicalización y reincidencia. Además, resalta la cooperación internacional para interceptar redes terroristas antes de que operen en España y la importancia de la formación y sensibilización en comunidades vulnerables para prevenir el radicalismo.

Finalmente, el documento hace un llamado a la sociedad para “mantenerse alerta y colaborar en la detección temprana de señales de radicalización”, lo que permitirá actuar antes de que se concreten amenazas graves.