El Congreso activa la reforma para evitar presión de lobbies

El Congreso reactivará esta semana la reforma del Reglamento con la que busca regular las relaciones de la Cámara con los grupos de interés y que contempla sanciones para los diputados que incumplan las previsiones reglamentarias. Lo hará justo después de haber aprobado el pasado jueves la toma en consideración de otra reforma de sus normas para poder suspender temporalmente y multar con hasta 2.000 euros a aquellos diputados que alteren el orden y que sean expulsados de una sesión parlamentaria.

El PSOE registró esta nueva revisión del reglamento después de que a mediados de abril se expulsara del hemiciclo al diputado de Vox José María Sánchez por subir al estrado donde se sitúa la Mesa de la Cámara y encararse con una letrada y con el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento ejercía como presidente. Y ahora se va a retomar la otra reforma, impulsada hace un año también por el PSOE, para regular la relación con los “lobbies” y que busca asimismo reforzar el régimen sancionador. En concreto, el martes se convocó la ponencia para estudiar las enmiendas registras por los grupos a esta proposición de ley. La norma prevé que se pueda actuar contra los diputados o grupos parlamentarios que incumplan las obligaciones que fijan el Reglamento y el Código de Conducta de las Cortes Generales y, en particular contra quienes no presenten las declaraciones de bienes, actividades intereses económicos, omitan información en las mismas o consignen datos falsos.

Infracciones

Los incumplimientos o infracciones podrán ser denunciados por un grupo parlamentario, la Mesa del Congreso o una comisión o la Secretaría General de la cámara ante la Comisión del Estatutos de los Diputados, que decidirá si abre o no procedimiento. Si opta por no abrirlo deberá informar a la Mesa del Congreso, que tendrá un mes para revocar la decisión. Si ve motivos para investigar, tendrá que dar audiencia al denunciado, practicar las pruebas pertinentes y concluir su instrucción en el plazo máximo de cuatro meses. En función de la gravedad de los hechos, podrá proponer las sanciones que considere pertinentes, que se podrán graduar desde el apercibimiento y publicación en la web del Congreso de la infracción cometida hasta la retirada de cargos y complementos salariales. La decisión final sobre la sanción la adoptará el Pleno del Congreso, de optarse por la más fuerte, un diputado podría quedarse solo cobrando su asignación constitucional.

Este régimen sancionador no fue objeto de enmiendas relevantes, pero los grupos sí plantean cambios en los puntos de la iniciativa socialista relativos a la regulación de los grupos de interés. Por ejemplo, ERC y Bildu defienden que los ex altos del Gobierno y los exdiputados y exsenadores no puedan actuar en representación de grupos de interés en el Congreso hasta que hayan cumplido cuatro años fuera de esos puestos y plantean esta medida como un modo de evitar las llamadas “puertas giratorias” entre el sector público y el privado. La iniciativa del PSOE recoge que quien haya sido miembro de las Cortes o haya tenido un alto cargo gubernamental tendrá vetada esta actividad durante los dos primeros años de su salida de ese puesto.

Pero ERC y Bildu consideran insuficiente ese lapso temporal y apuestan por doblarlo. Según explican en su enmienda, de esta forma se reforzarán “las garantías de integridad y se prevén posibles conflictos de interés”, se asegura un marco más ético y transparente, se da respuesta a la demanda ciudadana para evitar las puertas giratorias y se avanza en las recomendaciones en materia de buen gobierno y lucha contra la corrupción.

Escaso para el PNV

Por su parte, el PNV no cuestiona los dos años que figuran en la iniciativa del PSOE pero sí quiere ampliar el espectro de quienes no podrán hacer lobby en el Congreso a todo el “personal público subceptible de influencia”, según el proyecto de ley que regula la actuación de los grupos de interés que el Congreso tiene congelado desde hace meses.