El Congreso suspende la acreditación de prensa a Vito Quiles y Bertrand Ndongo

La Mesa del Congreso ha acordado este miércoles, con los votos de PSOE y Sumar, suspender cautelarmente la acreditación como periodista a los activistas políticos Vito Quiles y Bertrand Ndongo a la espera de resolver definitivamente las distintas denuncias que pesan contra ellos, presentadas tanto por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) como por el PSOE, Sumar y Podemos.

Tanto Quiles, que trabaja para el medio digital Estado de Alarma (EDATV), como Ndongo, acreditado por Periodista Digital, acumulan casi una decena de denuncias por incumplir distintas normas del Reglamento del Congreso, que se modificó hace diez meses para introducir un régimen sancionador especial para informadores.

Esas denuncias se han ido viendo en el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP) del Congreso, en el que solo tienen voto diputados de todos los grupos salvo PP y Vox, que renunciaron a estar, y que propuso abrirles expediente por distintos episodios.

Alega el aumento de denuncias y el deterioro de la situación

A la espera de que se resuelvan definitivamente esas denuncias (ocho expedientes a Quiles y tres a Ndongo), la Mesa del Congreso ha decidido suspender provisionalmente la acreditación de prensa de los dos activistas, aplicando la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas. La iniciativa parte de la presidenta, la socialista Francina Armengol, y cuenta con el aval de los servicios jurídicos, según aseguran.

Fuentes del bloque mayoritario de la Mesa justifican la decisión en que "en las últimas semanas haya habido un crecimiento casi exponencial de las denuncias contra ambos y un aumento de la gravedad de los hechos denunciados".

"La Mesa se ve obligada a tomar esta medida cautelar por el notable deterioro de la situación en las salas de prensa y otras dependencias de la institución, que imposibilita el normal funcionamiento de la Cámara y sus miembros en su relación con los medios de comunicación, pilar esencial de la Democracia", sostienen. Se trata, alegan, de "proteger los intereses tanto de los representantes de los medios de comunicación como de los propios diputados y, especialmente, de las diputadas".

Derecho a recurrir

La suspensión cautelar empezará a aplicarse desde este mismo jueves y los dos activistas tendrán un plazo de diez días para presentar alegaciones. La medida provisional deberá ser confirmada, modificada o levantada dentro de los quince días siguientes y podrá ser objeto de recurso.

Se aplica así el artículo 56.2 de la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, que faculta al órgano responsable del expediente a adoptar de forma motivada "las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas" para "la protección provisional de los intereses implicados" y en aquellos casos que se consideren "de urgencia inaplazable".