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PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado un cambio normativo para impedir las llamadas spam. Se introducirá una enmienda a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (Ley SAC) que obligará a las empresas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico. Las compañías telefónicas deberán bloquear todas las llamadas que no usen dicho código.
Otra medida será declarar nulos los contratos celebrados mediante llamadas telefónicas no consentidas. Además, las empresas estarán obligadas a renovar cada dos años el consentimiento del usuario para seguir recibiendo llamadas comerciales.
Estas enmiendas se suman a otras propuestas por Consumo junto con Sumar y PSOE. Una de ellas busca evitar renovaciones automáticas no deseadas de servicios contratados online. Las empresas deberán comunicar al usuario, con al menos 15 días de antelación, la fecha de renovación y permitir una baja sencilla si se desea.
También se introducirán controles más estrictos sobre las reseñas en línea. Solo se podrán publicar dentro de los 30 días posteriores a la compra o uso del servicio, para asegurar que reflejan experiencias reales y recientes. Las empresas podrán responder a estas reseñas y solicitar su eliminación si demuestran que no son auténticas.
Finalmente, se obligará a las empresas a incluir desde el inicio el precio total y definitivo del bien o servicio ofrecido online. Esto incluye los gastos de gestión, con el fin de evitar que se presenten precios desagregados o se añadan cargos extra en etapas posteriores del proceso de compra, como suele ocurrir en la compra de entradas o billetes.
Sobre esta cuestión, Bustinduy afirma que se estudiará la denuncia de las entradas de Bad Bunny
Consumo ha indicado que su ministerio "estudiará" el alza de los precios que se produjo en la venta de entradas para los conciertos en España del artista Bad Bunny tras la denuncia que ha presentado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ante su ministerio.
Bustinduy ha indicado que no quiere "trucos" en los gastos de gestión de las entradas y ha afirmado que el precio final "debe quedar reflejado desde el principio".
"El principio es el mismo, el derecho a la información y a la transparencia. Que los consumidores puedan tomar sus decisiones con pleno conocimiento de lo que compran, que no haya trucos", ha indicado Bustinduy.
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