Consumo propone una multa histórica a Alquiler Seguro por presuntas prácticas abusivas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto imponer una sanción histórica de hasta 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro por presuntas prácticas abusivas contra los inquilinos. La medida, revelada por la asociación de consumidores Facua, forma parte del expediente abierto en marzo y detalla varias irregularidades en los contratos de arrendamiento gestionados por la compañía.

El ministerio que dirige Pablo Bustinduy propone que la plataforma, especializada en la gestión de alquileres, pague una sanción de hasta 3,6 millones de euros, según ha informado Facua. Cabe recordar que en marzo de 2024 Consumo abrió un expediente sancionador contra la empresa por presuntas prácticas abusivas en la gestión de alquileres en toda España.

“Lo que se ha conocido hoy es una propuesta de sanción, uno de los pasos intermedios dentro del procedimiento del expediente del Ministerio de Consumo. Y yo, porque vivimos en un sistema muy garantista, no me puedo posicionar ni opinar sobre un procedimiento que está en curso, porque eso contradiría las garantías que asisten a las partes”, expresó Bustinduy en una entrevista en La hora de La 1, de TVE.

El siguiente paso

Tras la propuesta del Ministerio, esta deberá ser valorada por Andrés Barragán, secretario general de Consumo y Juego.

En la resolución, comunicada a Facua conforme a lo establecido en la ley ,ya que la asociación figura como parte personada en el procedimiento, se detallan las irregularidades detectadas en los contratos firmados con los arrendatarios, mientras se desestiman las alegaciones de la agencia contra la primera propuesta de sanción, emitida en marzo.

Bustinduy explicó que el expediente se ha hecho público porque “hay partes implicadas en el procedimiento” y recordó que “el proyecto se originó por denuncias de organizaciones de consumidores”.

Entre las irregularidades detectadas, Consumo destaca la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino, mediante el cual se encubre el cobro de gastos que deberían ser asumidos por el propietario. También señala la obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia económica. A ello se añade la limitación del derecho de desistimiento del contrato y la carga a los inquilinos de los gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.

Desglose de la multa propuesta

En primer lugar, el Ministerio de Consumo propone una multa de un millón de euros a la plataforma por el cobro al inquilino de servicios que, según la Ley de Arrendamientos Urbanos, “corresponde satisfacer a la parte arrendadora”.

El denominado Servicio de Atención al Inquilino (SAI) obligaba al arrendatario a pagar “una mensualidad de renta más IVA/IGIC”, posteriormente modificada a “990 euros más IVA/IGIC”, por conceptos como gestión documental o estudio de solvencia.

Una segunda multa, de 990.900 euros, se propone por exigir a los inquilinos la contratación de un seguro del hogar, una práctica que “beneficia al arrendador respecto de las coberturas relativas a responsabilidad inmobiliaria, continente y contenido” y traslada al arrendatario el pago de una prima por daños de los que “realmente no ha de responder”.

Por último, Consumo plantea una tercera sanción por limitar el derecho de desistimiento sobre el SAI.