¿Cómo se declara una zona catastrófica después de un incendio y qué implica al territorio?

Este agosto ha supuesto una gran oleada de incendios forestales, que han causado graves daños en viviendas, explotaciones agrícolas, infraestructuras y servicios públicos. Tras estos sucesos, los municipios arrasados por el fuego serán declarados como zona catastrófica (técnicamente Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (ZAEPC)) por el Gobierno, que ha anunciado que este martes se oficializará el proceso.

Por lo tanto, se aclara de esta forma que la declaración se realiza oficialmente mediante el Consejo de Ministros, normalmente a propuesta de la comunidad autónoma afectada y una vez valorados los daños personales y materiales que perturban gravemente la vida en la zona o paralizan servicios públicos esenciales.

Proceso de declaración

La declaración tiene como objetivo facilitar la recuperación económica, social y ambiental del terreno afectado por el incendio y agilizar la llegada de recursos y apoyos extraordinarios. Este procedimiento tiene tres características esenciales:

• El gobierno debe delimitar detalladamente el área afectada, describir el siniestro, realizar una evaluación provisional de los daños, y detallar los servicios esenciales perjudicados.
• La solicitud puede ser iniciada por la comunidad autónoma, pero la declaración formal es competencia del Consejo de Ministros.
• La base normativa principal es la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, especialmente los artículos 23 y 24.

Las implicaciones para el terreno una vez declarado como zona catastrófica son diversas, siendo una de las medidas más destacadas la activación de ayudas económicas y subvenciones. Este tipo de bolsas estarían destinadas para por daños en viviendas, infraestructuras, cultivos agrícolas, ganaderos, forestales y acuicultura. Otros beneficios son:

• El Estado puede canalizar recursos públicos para reparar infraestructuras y compensar pérdidas económicas, agilizando la reconstrucción y recuperación del terreno y la actividad económica.
• Se conceden exenciones fiscales como el IBI y reducciones del Impuesto sobre Actividades Económicas, además de líneas de créditos preferentes y una ampliación de plazos para solicitudes a aseguradoras.
• También se contemplan ayudas laborales, como moratorias de cotización o reducción temporal de jornada para quienes trabajan y residen en la zona.
• Los terrenos afectados reciben especial protección y atención en planes de restauración ambiental y reforestación, facilitando la recuperación ecológica del área.

¿Quién puede solicitarla?

La Comunidades Autónomas son las principales impulsoras, ya que tienen competencias en gestión de emergencias, protección civil y medio ambiente. Entre sus ocupaciones se encuentra la elaboración de informes técnicos sobre los daños y la magnitud del incendio. Además, pueden formalmente la solicitud al Gobierno central.

En cuanto a los Concellos y Diputaciones, estas instituciones también pueden solicitarla, especialmente si el incendio ha afectado a su territorio directamente. Estas organizaciones suelen remitir la petición a la Delegación del Gobierno o a la Comunidad Autónoma correspondiente.

Las delegaciones del Gobierno actúan como representantes del Gobierno central en cada Comunidad Autónoma, por ello, pueden recabar información y trasladar la solicitud al Ministerio del Interior.

Los ciudadanos y asociaciones no pueden solicitarla directamente, pero sí reclamar o pedir a su concello que inicie el proceso. Además, tienen la posibilidad de organizarse para ejercer presión pública.

La decisión se personaliza con el Consejo de Ministros. El proceso se termina al llegar a esta institución que, a propuesta del Ministerio del Interior y con base en informes técnicos, decide si se aprueba la declaración.