Así es el decreto que ultima el Gobierno para mejorar la acogida de menores y condiciones de trabajadores

El Gobierno de España está ultimando un nuevo decreto reglamentario que establecerá condiciones mínimas en el sistema de acogida de menores a nivel nacional. Esta iniciativa busca mejorar la calidad del servicio, garantizar la seguridad de los menores y proteger los derechos de los trabajadores sociales y educativos. A continuación, te explicamos los puntos clave de esta normativa y su impacto.

Situación actual

En España, aproximadamente 50.000 menores están bajo el sistema de acogida, de los cuales 26.000 viven en acogimiento familiar y 23.000 residen en centros gestionados por las comunidades autónomas.

El sistema de acogimiento es universal y no distingue entre menores extranjeros y nacionales españoles. Este nuevo decreto busca mejorar la calidad y equidad de la atención para todos.

Objetivos del nuevo decreto

El decreto tiene como finalidad principal elevar los estándares de atención y protección en los centros de menores, mediante la regulación de:

• Ratios de trabajadores y menores: Se establecerá un número mínimo de profesionales por centro para garantizar una atención adecuada.
• Sistema de inspección obligatorio: Las comunidades autónomas deberán realizar controles regulares sobre las condiciones de los centros y reportar sus resultados al Gobierno.
• Régimen sancionador: Se aplicarán sanciones a los centros que incumplan las condiciones establecidas.
• Transición al acogimiento familiar: Se fomentará un modelo de acogida en entornos familiares y se reducirá el uso de macrocentros.

Uno de los aspectos clave del decreto es la transición del modelo actual hacia un sistema más familiar y personalizado. Para ello se promoverá el acogimiento en pequeños equipamientos o familias, se limitará la creación de grandes centros de menores y se definirá un ratio de trabajadores por menor para mejorar la calidad del servicio.

Fechas e impacto

El Gobierno estima que este decreto podría estar en vigor en el plazo de un mes o mes y medio. Aseguran que la aplicación de estas medidas no supone una inversión elevada, ya que las comunidades autónomas cuentan con los recursos necesarios para su implementación.

Con este reglamento, se busca fortalecer la protección infantil y mejorar la calidad del sistema de acogida en toda España.