La defensa de la pareja de Ayuso insiste en que se valoren pruebas

La defensa de Alberto González Amador recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid la denegación de la práctica de diligencias en la causa en la que se le procesó por la presunta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso con un delito de falsedad documental.

En un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, los abogados interponen un recurso de apelación frente al auto dictado el pasado 28 de mayo por el que la jueza Inmaculada Iglesias -cuyo juzgado ha asumido el juez Antonio Viejo- declaró no haber lugar a la práctica de las diligencias interesadas por esta representación.

Detalla la defensa en la impugnación que su cliente sólo solicitó que se practiquen junto con su declaración tres diligencias de instrucción para materializar su derecho de defensa. Se trataría de un informe tributario y de dos testificales que arrojarían luz sobre unas facturas relacionadas con servicios profesionales prestados en México y Costa de Marfil. Según la defensa, las testificales demostrarían que “si estas facturas responden a servicios realmente existentes y las mismas no pueden considerarse falsas, no sería posible considerar la concurrencia de delito fiscal”.

“En segundo lugar, que si aún a efectos hipotéticos o dialécticos se consideraran ambas facturas falsas, los ajustes no efectuados y que deberían haberse practicado por la Agencia Tributaria en la liquidación tributaria harían objetivamente imposible considerar la concurrencia de delito fiscal”. “La negativa que integran las resoluciones que se recurren a la práctica de las únicas tres diligencias de defensa propuestas constituye la continuación en la destrucción absoluta y desaparición de los derechos fundamentales a la defensa”, censura.