El Defensor del Pueblo investiga al Gobierno por la posible vulneración del derecho a la vivienda

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha abierto una investigación por el incumplimiento por parte del Gobierno de las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de vivienda, a raíz del caso de una familia con dos menores que había solicitado una vivienda social hasta en trece ocasiones y que finalmente fue desahuciada sin ofrecerle una vivienda alternativa.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha celebrado esta iniciativa, recuerda que tras la condena a España por incumplimiento grave de sus obligaciones en materia de vivienda por parte del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, diversas organizaciones crearon, en septiembre de 2017, el Grupo de Monitoreo para el cumplimiento del Dictamen y plantearon una queja ante el Defensor del Pueblo.

De este modo, las organizaciones denunciaban la falta de medidas estatales sobre vulneraciones del derecho a la vivienda, en un contexto social de repunte de los desahucios derivados de alquiler y expulsión del acceso a la vivienda de miles de personas.

Tras la queja, el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación considerando que el Gobierno "no está prestando la debida consideración" al dictamen del Comité, ya que en su respuesta al Alto Comisionado de Naciones Unidas "no valoró como merecía las recomendaciones".

En concreto, el Defensor del Pueblo ha señalado que la remisión de "una respuesta de un folio" parece indicar que "no se ha dado a esta cuestión por parte de las autoridades españolas la importancia que este tema merece". Además, considera que se "habría incumplido" su obligación de dar a conocer y divulgar la decisión del Comité, puesto que tan solo se publicó en un número del Boletín del Ministerio de Justicia, "sin ninguna otra forma de difusión".

Por ello, la institución ha hecho hincapié en que "es necesario también publicar la decisión en el Boletín Oficial del Estado". Para el Grupo de Monitoreo, esta obligación va "más allá", porque, a su juicio, "es necesario" que los profesionales de la judicatura reciban formación específica acerca del derecho a la vivienda y sus garantías en relación con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).