CRISIS SANITARIA EN TORREJÓN
Dimite el CEO de Ribera Salud tras polémica por listas de espera en el Hospital de Torrejón de Ardoz
CRISIS SANITARIA EN TORREJÓN
El CEO del grupo sanitario Ribera Salud, Pablo Gallart, ha presentado su dimisión como responsable de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz, tras la difusión de unos audios en los que pedía aumentar las listas de espera para priorizar procesos más rentables y mejorar los beneficios de la empresa.
En los grabaciones, Gallart instruía a directivos a “desandar el camino” en la reducción de listas de espera y a realizar ajustes para alcanzar un EBITDA de cuatro o cinco millones, señalando la necesidad de descartar pacientes o tratamientos considerados “no rentables”. Los audios fueron publicados por varios medios y desataron una tormenta política y social en Madrid.
El escándalo se intensificó cuando tres directivos del hospital, que alertaron sobre estas prácticas a través del canal ético interno, fueron despedidos al día siguiente de presentar su denuncia. Los profesionales señalaban que las instrucciones de Gallart podían generar desigualdad en la atención sanitaria, afectando especialmente a personas mayores o con enfermedades crónicas.
Ribera Salud emitió un comunicado asegurando que la desvinculación de Gallart se realiza para garantizar los valores y la ética del grupo, y anunció una auditoría en profundidad para comprobar que no se han incumplido los estándares de calidad, la ética profesional ni la ley. La empresa reafirmó su compromiso con el sistema sanitario público.
La noticia provocó críticas inmediatas de la izquierda española y madrileña. La ministra de Sanidad, Mónica García, calificó las prácticas como un “modelo depredador” y anunció acciones legales para investigar los hechos. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó al Partido Popular de priorizar el beneficio económico sobre la salud pública, asegurando que el Ejecutivo “no lo va a permitir” y defenderá la sanidad pública con todos los instrumentos del Estado.
PSOE-M y Más Madrid anunciaron que preparan acciones legales contra la Comunidad de Madrid por permitir prácticas que podrían haber buscado “aumentar el beneficio económico” a costa de los pacientes. Los sindicatos CC.OO. y UGT Madrid denunciaron “prácticas abusivas” y pidieron el fin de un modelo que ve a los pacientes como clientes y antepone el negocio a la salud.
Un abogado madrileño presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid para que se investiguen las presuntas irregularidades en la gestión del hospital y la posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid. La denuncia, basada en los audios y en el despido de los directivos alertadores, apunta a posibles delitos de prevaricación administrativa, contra la salud pública, lesiones imprudentes, coacciones y represalias contra alertadores internos.
El escrito judicial también destaca que las instrucciones de Gallart podrían haber afectado a personas mayores de 65 años y con patologías crónicas, aumentando los riesgos derivados de retrasos en diagnósticos y tratamientos. La Fiscalía investigará los hechos para determinar responsabilidades legales y administrativas.
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