Cada diputado cuesta 12.000 euros al año solo en los viajes

El Congreso lleva gastados más de 8,4 millones de euros en sufragar desplazamientos de diputados por el territorio nacional desde el inicio de la legislatura el pasado 17 de agosto de 2023, lo que supone una media de 24.000 euros por parlamentario (12.000 por año).

En concreto, hasta el pasado 1 de julio la facturación total por viajes nacionales ascendió 8.405.950,27 euros, a los que habrá que añadir el coste de los dos Plenos extraordinarios que la Cámara Baja celebró durante el pasado mes de julio. De esta cifra total, 5.521.249,8 euros se usaron para pagar viajes de sus señorías entre Madrid y sus respectivas circunscripciones.

A ello se suman los 1.619.533,95 euros invertidos en viajes para acudir a actos políticos -con autorización de sus respectivos grupos- y otros 13.219,96 para viajes oficiales. En total, representan 7.154.053,71 euros, que es el coste que incluye los billetes de avión, tren y autobús, así como la indemnización por kilometraje en vehículo privado. Pero a esa cantidad hay que añadir los 1.251.896,56 euros a los que el Congreso tuvo que hacer frente en gastos de gestión, cancelaciones y cambios de billetes.

Catalán obligatorio

Por otra parte, el Congreso examinará la reforma legal que Junts anunció que pactó con el Gobierno para obligar a empresas de más de 250 trabajadores, con más de 50 millones de facturación o que presten servicios de interés general a tener servicios de atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado, con independencia de dónde estén ubicadas. En concreto, el martes se convocó la ponencia encargada de analizar esa norma, que está formada por los distintos grupos parlamentarios y se reunirá a puerta cerrada para organizar las enmiendas registradas y empezar a incluir algunas al texto.

La ponencia se reunirá justo una semana después de que se desconvocara una primera reunión y de que Junts anunciara la medida que provocó la indignación del mundo empresarial y de PP y Vox. Después del anuncio de Junts, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy aclaró que esa medida continúa en negociaciones y que la intención del Gobierno es que las compañías garanticen la atención de reclamaciones en catalán, gallego o euskera allí donde estas lenguas tienen reconocida la oficialidad, aunque la empresa ofrezca sus servicios en el conjunto del Estado. El ministro de Sumar apostilló que la medida afectará sólo a grandes empresas y no a pequeños comercios como “una ferretería”. La ponencia se reunirá para empezar a estudiar las 234 enmiendas registradas.