Las exigencias del PP para pactos con Vox para toda España: marco único, coherencia y estabilidad institucional
LISTA COMPLETA
Batería de medidas del PP para pactos con Vox: coherencia programática, proporcionalidad, estabilidad institucional y compromiso de aprobar cuatro presupuestos en las comunidades autónomas.
El Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha definido un marco único y vinculante para sus acuerdos con Vox en las comunidades autónomas. El objetivo es garantizar gobernabilidad, coherencia programática y estabilidad presupuestaria, evitando bloqueos o repeticiones electorales.
A continuación, se resume el documento en una batería de medidas clave optimizada para entender las condiciones del PP en sus pactos autonómicos.
1. Respeto a la Constitución y a la unidad nacional
- Defensa explícita de la unidad de España, el marco constitucional y el Estado de Derecho.
- Rechazo a cualquier propuesta fuera de la legalidad vigente.
- Acatamiento del actual reparto competencial entre administraciones.
2. Protección institucional y separación de poderes
- Compromiso con la separación de poderes.
- Defensa del prestigio de las instituciones autonómicas.
- Respeto a la Jefatura del Estado.
El PP subraya que los acuerdos deben reforzar (y no debilitar) la arquitectura institucional.
3. Principio de coherencia con los programas
- Los pactos no podrán contradecir el programa electoral del PP.
- Posibilidad de ampliar medidas, pero no de alterar compromisos adquiridos ante los votantes.
Este punto fija un límite político claro en las negociaciones con Vox.
4. Proporcionalidad en el reparto de poder
- Distribución de responsabilidades ejecutivas y legislativas según los resultados electorales.
- Reconocimiento de la identidad política propia del PP en cualquier gobierno de coalición.
5. Igualdad y libertad como ejes de gobierno
- Defensa de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
- Rechazo a privilegios por territorio, ideología, lengua, sexo u origen.
- Impulso de medidas que amplíen libertades individuales, iniciativa privada y pluralismo.
6. Prioridades económicas y fiscales en las comunidades autónomas
Entre las áreas prioritarias de acuerdo autonómico destacan:
- Bajada de impuestos mediante el uso de competencias fiscales propias.
- Reducción de burocracia para autónomos y pymes.
- Apoyo a agricultores, ganaderos y pescadores frente a la sobrerregulación.
- Rechazo a políticas climáticas que, según el PP, destruyen empleo o encarecen la energía.
- Defensa de un mix energético completo, incluida la energía nuclear.
7. Vivienda, seguridad e inmigración
- Impulso a la construcción de vivienda.
- Medidas contra la okupación ilegal.
- Refuerzo de la seguridad ciudadana.
- Exigencia al Gobierno central de mayor control fronterizo y ejecución de expulsiones en materia de inmigración irregular.
8. Agenda social: natalidad, familia y jóvenes
- La natalidad como prioridad política.
- Defensa de la familia como red básica de apoyo.
- Políticas dirigidas a evitar que los jóvenes se conviertan en una “generación aplazada”.
- Protección de los ciudadanos más vulnerables mediante solidaridad activa.
9. Condena inequívoca de toda forma de violencia
- Rechazo expreso a cualquier tipo de violencia: política, terrorista, machista, doméstica o de otra índole.
- Compromiso de combatirlas con todos los recursos disponibles.
- Revisión de partidas presupuestarias consideradas ineficaces en esta materia.
10. Estabilidad institucional y aprobación de cuatro presupuestos
- Compromiso de aprobar los cuatro presupuestos de la legislatura.
- Responsabilidad solidaria y colegiada de los socios de gobierno.
- Establecimiento de mecanismos de seguimiento para garantizar el cumplimiento del pacto.
- Rechazo al chantaje parlamentario o a la fragmentación política.
Un marco nacional, único y vinculante
El PP establece que este marco de negociación será aplicable en toda España, con el fin de asegurar coherencia territorial en sus acuerdos con Vox. La estrategia busca combinar proporcionalidad electoral, estabilidad institucional y seguridad jurídica en los gobiernos autonómicos donde la aritmética parlamentaria requiera pactos.
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