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EN EL BANQUILLO CON TOGA
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aseguró ayer que “no” se considera autor responsable del delito de revelación de secretos que se le atribuye y que habría afectado a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Así se pronunció el jefe del Ministerio Público en el juicio que se celebra en su contra desde ayer en el alto tribunal por supuestamente haber filtrado información relativa a González Amador. Al ser preguntado por el presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, si “se considera autor responsable de los delitos que se le imputan”, el fiscal general ha contestado: “No”.
Se trata de la primera vez que un jefe del Ministerio Público se sienta en el banquillo y se enfrenta a peticiones de hasta seis años de prisión, 12 de años inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros. García Ortiz llegó a la sede del alto tribunal sobre las 9.40 horas, solo y con traje, en el coche oficial que le trasladó desde la sede de la Fiscalía General del Estado, en la calle Fortuny de Madrid, donde le despidieron un grupo de fiscales como muestra de apoyo. Entró al tribunal por la puerta principal, destinada al uso exclusivo de las autoridades, arropado por los aplausos de algunas personas.
Desde primeras horas de la mañana, la prensa esperaba la llegada de García Ortiz, quien optó por no hacer declaraciones. Fuentes del alto tribunal confirmaron que más de 200 periodistas de 59 medios de comunicación se acreditaron para dar cobertura a las sesiones que se extenderán, previsiblemente, hasta el 13 de noviembre.
Es la primera vez que un fiscal general del Estado es juzgado mientras ejerce sus funciones en el cargo. García Ortiz llega al juicio acusado de haber cometido un delito de revelación de secretos por, presuntamente, facilitar a la Cadena SER el contenido confidencial del correo electrónico que el abogado Carlos Neira envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía, en el que ofrecía que la pareja de Díaz Ayuso reconociera dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar su ingreso en prisión. A lo largo del juicio se prevé que declaren unos 40 testigos, entre fiscales, abogados políticos, periodistas, directores de comunicación y agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
El fiscal Julián Salto, que investigó a Alberto González Amador -el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso- en la causa por delitos fiscales, sostuvo que la orden de sus superiores para que informara de este asunto fue “legal”, aunque admitió que no le pareció que el caso tuviera “enjundia” porque era “un fraude más”. Así se manifestó en su declaración como testigo durante el juicio. Salto se mostró seguro de que fue “una orden legal”, por cuanto se trataba de un asunto de relevancia mediática, si bien admitió que, al principio, el 7 de marzo, cuando por primera vez sus superiores le pidieron que les informara no le pareció “un asunto de mucha enjundia” porque “parecía un fraude fiscal más”.
La abogada del Estado que defiende al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, denunció en el marco del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo que el jefe del Ministerio Público fue víctima de una presunción de culpabilidad que finalizó en numerosas irregularidades durante las pesquisas, por lo que pudo anular el material obtenido en los registros, clave para la causa.
Así se pronunció la abogada del Estado Consuelo Castro, en el arranque del juicio que celebra contra García Ortiz. La abogada del Estado llamó la atención sobre “las irregularidades cometidas en la instrucción”. Tantas, subrayó, que “nos permite sostener que el fiscal general ha sido sometido a un proceso injusto”. Para Castro, García Ortiz “no ha podido defenderse en las condiciones exigibles” en ningún momento porque el magistrado instructor, Ángel Hurtado, descartó cualquier “otra alternativa”. Así, le recriminó actuar con “la idea preconcebida de que era culpable” buscando únicamente “pruebas incriminatorias”.
Destacó las supuestas irregularidades en los registros efectuados el 30 de octubre de 2024 en el despacho de García Ortiz y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, entonces investigada. En dichos registros se obtuvieron los indicios clave contra García Ortiz: las comunicaciones en el seno de Fiscalía la noche de la presunta filtración, el 13 de marzo de ese año, y el borrado del contenido de su teléfono móvil. Además, la abogada del Estado reprochó que “la defensa nunca ha sabido con certeza qué hechos eran objeto de investigación”.
La acusación que ejerce Alberto González Amador -pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso- contestó ayer en el juicio a los argumentos que expuso la defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para pedir la nulidad de la entrada y registro en su despacho, donde se obtuvieron elementos clave para la causa: “Mucha queja abstracta y ninguna concreta”. Así se pronunció el letrado Gabriel Ramos, en el marco de la primera sesión del juicio. En su turno de palabra, durante el apartado dedicado a la presentación de cuestiones previas, el abogado de González Amador mostró su oposición a las peticiones de nulidad que presentaron tanto la Abogacía del Estado -en representación de García Ortiz- como la Fiscalía.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que empezó el “juicio a la corrupción institucional” con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, “sentado en el banquillo por urdir una operación política”. A su entender, este caso haría caer “a cualquier presidente decente”. “La corrupción afecta a todo el Partido Socialista. La corrupción afecta a todo el Gobierno. La corrupción ahoga a Sánchez”, declaró Feijóo. “En Sánchez es solo un caso más de la degradación de un país”. recalcó Feijóo en referencia al juicio contra el fiscal general.
Sumar confía en que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, demuestre su inocencia durante el juicio. En rueda de prensa ayer, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, destacó que en reiteradas ocasiones dijeron que la gran mayoría de jueces hacen su labor con “estricta profesionalidad”, aunque hay otros que actúan “con motivaciones políticas detrás”, como aprecia en este caso. “Lo único que deseamos es que el fiscal general pueda defender su inocencia en el juicio”, apostilló el portavoz de Sumar.
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