La Fiscal General ordena querella contra Forcadell por desobediencia

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha ordenado a la fiscalía catalana que se querelle contra Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Cataluña, por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC).

El propio Constitucional decidió por unanimidad el pasado día 6 de octubre deducir testimonio contra la política catalana por un posible delito de desobediencia de su anulación de las resoluciones independentistas del Parlament.

La fiscal del Estado ha asumido esa denuncia y ha ordenado al fiscal jefe de Cataluña, José María Romero de Tejada, que formule acusación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante el cual está aforada Forcadell.

El pleno del Tribunal Constitucional aprobó por unanimidad su denuncia ante el fiscal, pero se limitó a apuntar la posible existencia de responsabilidad penal. Simplemente denunciaba los hechos ante el fiscal, para que éste decidiera si corresponde actuar.

Literalmente, decía que, si el fiscal "lo estima pertinente, promueva el ejercicio de las acciones penales que considere procedentes".

Ahora la fiscal del Estado ha identificado la posible existencia de dos delitos (prevaricación cometida al desobedecer de manera consciente al TC y la propia desobediencia en sí) y por eso ha ordenado la querellar ante el TSJC contra Forcadell.

Madrigal asumió inicialmente la denuncia del Constitucional contra Forcadell por tratarse de una deducción de testimonio procedente de una alta institución del Estado. El TC nunca antes había tomado tal iniciativa.

Sin embargo, la intención de Madrigal fue siempre remitir el asunto a los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los competentes por tratarse de una parlamentaria catalana.

El Gobierno le pidió al Constitucional, el pasado mes de julio, que remitiera a la Fiscalía una denuncia de posible desobediencia de Forcadell al alto tribunal.

El TC aceptó esa petición tras escuchar las alegaciones de la presidenta Forcadell. "Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que resuelva el Tribunal Constitucional", decía el TC en su escrito a la fiscalía.