La Fiscalía estudiará si investiga a Camps por la financiación ilegal del PP valenciano

La Fiscalía Anticorrupción estudiará al término de las declaraciones de acusados y testigos en el juicio del caso Gürtel su trascendencia para valorar si investiga al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps en la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.

La Audiencia Nacional ha continuado con el juicio a 19 acusados por la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia para las campañas electorales de 2007 y 2008 a través de la empresa de la trama Orange Market con las declaraciones de los exgerentes de esta sociedad Cándido Herrero y del PP de Valencia Cristina Ibáñez.

Mientras, la Fiscalía General del Estado informaba de que los fiscales Anticorrupción "estudiarán la trascendencia de las declaraciones vertidas en el juicio relacionadas con Francisco Camps al término de las sesiones, cuando concluya la práctica de la prueba y pueda ser valorada en su conjunto".

Este miércoles el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa en su declaración como acusado dijo que Camps y el expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino encargaron financiar con dinero negro procedente de empresarios las campañas electorales de 2007 y 2008.

Francisco Camps, Juan Cotino y el extesorero del PP Luis Bárcenas son tres de los 145 testigos más relevantes llamados a declarar en este juicio.

Camps tiene abierta una causa en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, que precisamente rechazó el recurso que el expresidente valenciano interpuso contra su citación a declarar como investigado en la causa sobre supuestas irregularidades en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en Valencia.

Según reconocieron en el juicio los presuntos cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez el Bigotes, los trabajos de Orange Market por mítines y publicidad electoral se facturaban a otros empresarios para saldar la deuda del partido con esta empresa, que llegó al millón de euros.

Estos empresarios tenían adjudicados contratos con administraciones públicas valencianas y por ley no podían efectuar donaciones a partidos políticos, según el Ministerio Público.