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POSIBLE DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS
La Fiscalía Anticorrupción se opuso a la salida del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de prisión provisional, al considerar que persiste el riesgo de destrucción y manipulación de pruebas por su presunto papel principal en la trama de amaño de obras que se investiga en el “caso Koldo”. El escrito fue presentado por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ante el Tribunal Supremo después de que el magistrado instructor, Leopoldo Puente, pidiera pronunciarse sobre la petición de Cerdán de levantar la medida cautelar de prisión provisional impuesta el pasado 30 de junio.
El fiscal sostiene que “apenas” pasó mes y medio desde la prisión sin que se haya producido ningún hecho relevante en la instrucción, y que la defensa de Cerdán no aporta argumentos nuevos. Luzón basa su oposición en la gravedad de los delitos cometidos por la organización criminal, el papel director de Santos Cerdán y que la investigación está en fase inicial respecto al exdirigente socialista.
Asimismo, se ampara en la posibilidad de que Cerdán continúe relacionándose con otras personas responsables de los pagos realizados por adjudicaciones amañadas, aún pendientes de identificar, lo que le daría capacidad para alterar u ocultar pruebas y condicionar a testigos o investigados, determinando la necesidad de mantener la prisión provisional.
En respuesta a la defensa, que alegaba un vulneración de su presunción de inocencia, Luzón insiste en que la causa todavía está en fase de investigación, y que las referencias a la prueba y la presunción de inocencia propias del juicio oral son impertinentes en este momento. Además, rechaza que se esté llevando a cabo una causa prospectiva contra Cerdán, ya que los hechos investigados son específicos y no constituyen una indagación general sobre su conducta pasada.
Para el fiscal, los hechos imputados a Cerdán están perfectamente delimitados y se refieren a su intervención, en connivencia con José Luis Ábalos y Koldo García, en una trama para obtener comisiones a partir de la adjudicación de obras públicas a distintas empresas. En términos meramente indiciarios y provisionales, esto podría constituir delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
En el escrito, Luzón también reprocha a Cerdán las “conjeturas” y las “impertinentes consideraciones políticas” de su defensa, que alegan que es víctima de una persecución política.
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