La fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel para el novio de Ayuso

FRAUDE CON MASCARILLAS

La pareja de Isabel Díaz Ayuso está acusada de defraudar más de 350.000 euros mediante facturas falsas vinculadas a la venta de mascarillas en plena pandemia.

Publicado: 16 jul 2025 - 22:15 Actualizado: 18 oct 2025 - 09:59

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, compareciendo ante el Tribunal Supremo el pasado mes de mayo
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, compareciendo ante el Tribunal Supremo el pasado mes de mayo | Europa Press

La Fiscalía ha solicitado una pena de tres años y nueve meses de cárcel para Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su implicación en un presunto fraude fiscal relacionado con la venta de mascarillas durante los años más críticos de la pandemia de COVID-19.

El Ministerio Público le atribuye dos delitos fiscales y uno de falsedad documental, al considerar que González Amador dejó de ingresar más de 350.000 euros a Hacienda en los ejercicios de 2020 y 2021. El empresario habría intentado ocultar los beneficios obtenidos mediante la emisión de facturas falsas, según recoge el escrito presentado este miércoles ante el juzgado.

La investigación judicial, liderada por la jueza Inmaculada Iglesias, del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, concluyó en mayo con el procesamiento de González Amador y otros cuatro empresarios. En el auto, la magistrada subrayó el “comportamiento fraudulento” del acusado, quien —pese a conocer sus obligaciones tributarias— presentó declaraciones del Impuesto de Sociedades “no veraces”, dejando de ingresar 155.000 euros en 2020 y 195.951,41 euros en 2021.

Una segunda causa abierta por corrupción

Además del proceso por fraude fiscal, González Amador se enfrenta a una segunda investigación judicial en el mismo juzgado, centrada en presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. La Fiscalía investiga si la compra por medio millón de euros de una empresa sin actividad ni ingresos, propiedad de la esposa de Fernando Camino, directivo de Quirón, fue en realidad el pago encubierto de una comisión por el negocio de mascarillas en el que participaron ambos.

El caso ha generado un nuevo foco de presión política sobre Isabel Díaz Ayuso, aunque la presidenta madrileña no figura como investigada en ninguna de las causas. Desde la oposición, ya se han pedido explicaciones públicas y una posible comparecencia parlamentaria para esclarecer los vínculos entre el escándalo y su entorno más cercano.

Se espera que en los próximos días se fije fecha para la apertura de juicio oral, en caso de que el juez instructor dé por concluida la fase de instrucción.

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