El Gobierno aprueba el Estatuto del Becario para frenar la precariedad en las prácticas

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto del Estatuto del Becario, una norma que pretende poner fin a la precariedad en las prácticas no laborales. El texto, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, fija límites al número de personas en prácticas según el tamaño de la plantilla, impide que sustituyan a empleados y obliga a las empresas a compensar los gastos derivados de su actividad formativa, como transporte, alojamiento o manutención.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó la medida como “la reforma laboral para las nuevas generaciones”. En la rueda de prensa posterior al Consejo, subrayó que el objetivo es “delimitar lo que es formación de lo que es trabajo”, asegurando que las prácticas no podrán utilizarse para cubrir puestos laborales.

El Estatuto también refuerza la labor de la Inspección de Trabajo, que tendrá acceso a la documentación de las prácticas y podrá imponer sanciones de hasta 225.000 euros a las empresas que incumplan las normas. Además, se prohíbe expresamente que los becarios desarrollen su labor en horario nocturno o paguen a las empresas por formarse.

La norma, acordada únicamente con los sindicatos tras el rechazo de la patronal, deberá ahora superar su tramitación parlamentaria para convertirse en ley. En un contexto político tenso, su aprobación definitiva dependerá del apoyo de las fuerzas que integran el Congreso.

“A partir de ahora, las personas que se están formando van a tener derechos”, destacó Díaz, quien recordó que el texto busca “dignificar la primera experiencia profesional” y garantizar que las prácticas sean una oportunidad real de aprendizaje y no una forma de empleo encubierto.