El Gobierno aprueba la ley que blinda la gestión pública de la sanidad y limita la colaboración privada en el SNS

El Consejo de Ministros ha dado luz verde, en segunda vuelta, al Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una norma que refuerza el peso de la gestión pública en la sanidad y establece fuertes restricciones a la participación de empresas privadas en la prestación de servicios sanitarios.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que “la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, transparencia y control democrático”, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en Madrid.

El texto aprobado consagra la gestión directa como modelo prioritario del SNS, que deberá realizarse a través de administraciones públicas, entidades del sector público o consorcios. Además, contempla la derogación expresa de la Ley 15/1997, eliminando el marco que facilitó la expansión de la gestión privada en la sanidad pública.

Según la exposición de motivos, el Gobierno sostiene que la evidencia científica respalda que la gestión pública ofrece mayor equidad en el acceso, mejores resultados en salud y un mayor control del gasto.

La gestión privada pasa a ser excepcional y altamente regulada

A partir de ahora, la gestión indirecta de servicios sanitarios tendrá carácter “estrictamente excepcional”. Las administraciones deberán justificar de forma objetiva la imposibilidad de prestación directa y demostrar la sostenibilidad y eficiencia de cualquier alternativa privada.

La norma también prohíbe los contratos en los que una empresa privada asuma simultáneamente la construcción de infraestructuras y la gestión sanitaria, con el objetivo de evitar modelos de externalización integral.

García ha criticado este tipo de fórmulas asegurando que “se acabó convertir la sanidad pública en una franquicia para grandes grupos privados”, en referencia a modelos de gestión anteriores.

Nuevos controles, informes y transparencia en la gestión

El proyecto de ley prevé la creación de órganos con expertos, profesionales sanitarios y representantes sociales que evaluarán cualquier propuesta de gestión indirecta. Sus informes serán obligatorios para la toma de decisiones, y el Consejo Interterritorial del SNS fijará criterios homogéneos para todo el sistema.

Además, el informe de la Oficina Nacional de Evaluación será obligatorio en contratos de concesión, con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera y evitar errores de planificación.

La norma también establece la publicación anual de indicadores de resultados en salud en todos los centros, independientemente de su modelo de gestión.

Revisión del modelo sanitario desde 1997

El Ministerio de Sanidad elaborará en el plazo de un año un informe global sobre las distintas experiencias de gestión sanitaria desarrolladas en España desde 1997. Este análisis contará con expertos, administraciones públicas y organizaciones de pacientes.

Asimismo, la Alta Inspección del Ministerio asesorará a las comunidades autónomas que decidan revertir servicios hacia la gestión pública directa.

Entrada en vigor y régimen transitorio

La ley incluirá un régimen transitorio que respeta los contratos ya en vigor, que seguirán bajo la normativa anterior hasta su finalización. Una vez aprobada definitivamente en las Cortes Generales, entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Con esta norma, el Gobierno busca reforzar el carácter público del SNS, limitar la externalización a supuestos excepcionales y aumentar los mecanismos de control, transparencia y evaluación del sistema sanitario.

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en Madrid