Imputada la presidenta de la SEPI y otras 24 personas en el caso de la "fontanera" Leire Díaz

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigada a la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y a otras 24 personas en la pieza del caso Leire Díez sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el magistrado citará próximamente como investigados a directivos de empresas y dirigentes de SEPI al hallar "indicios de criminalidad", tales como el expresidente de la empresa pública Enusa José Vicente Berlanga; el CEO de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, y el fundador de Forestalia, Fernando Samper, entre otros.

Pedraz accede de esta manera a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de citar como investigadas a 25 personas, según un escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso esta agencia de noticias.

En dicho documento, las fiscales apuntan a que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández --ya imputado-- compartió en el grupo Hirurok un archivo en el que "consta la cronología de la solicitud y los trámites seguidos" sobre el rescate de la empresa Tubos Reunidos, "haciéndose constar que la solicitud contaba con los informes favorables de las unidades del SEPI, de los asesores externos y del Ministerio de Industria".

Además, señala que también constaba "el compromiso" de Gualda con Francisco Irazusta, el entonces CEO de Tubos Reunidos, empresa vasca de la que se investigan presuntas irregularidades en el rescate de 112,8 millones de euros que recibió.

Según el relato del Ministerio Público, el directivo de la SEPI Miguel Ángel Figueroa informó a Vicente Fernández de que "BG --siglas utilizadas para referirse a la presidenta Belén Gualda-- tenía la intención de 'sacar' operaciones", como la "correspondiente a Tubos Reunidos".

Y añaden que Figueroa, que también ha sido citado como investigado, mandó un documento que "contemplaba la estimación de la solicitud de apoyo financiero público temporal presentada por Tubos Reunidos" y que contaba con "la aprobación" de Gualda.

Asimismo, exponen que, según consta en la documentación aportada por la SEPI, Gualda "firmó la elevación al Consejo Gestor del FASEE --Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, vinculado a la SEPI y orientado a ayudas durante la Covid-19-- de la propuesta relativa al expediente" de Tubos Reunidos.

Reuniones de Gualda "a nivel político"

Por otro lado, Anticorrupción indica que Fernández incidió en "la perspectiva del PNV en el rescate de Tubos Reunidos" y que se dieron "reuniones a nivel político en las que habría participado Belén Gualda con el fin de agilizar la tramitación de la concesión de la ayuda temporal".

Cabe recordar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil constató la existencia de una reunión entre Fernández y el expresidente del PNV Andoni Ortúzar para abordar el rescate que el Gobierno concedió a Tubos Reunidos.

Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025 después de la detención de la exmilitante del PSOE Leire Díez, Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La UCO sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en un total de cinco operaciones bajo sospecha.

Según el instructor, Cerdán y Díez aprovecharían "sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener de ello rédito económico".

Pedraz cree que Cerdán también habría sido del grupo denominado Hirurok con Díez, Fernández y Alonso, "actuando junto al resto de integrantes y participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior".

Defensa del Gobierno sobre la imputación en la SEPI

En relación con la imputación en el ámbito de la SEPI, el Gobierno defiende su actuación como expresión de la legalidad, el rigor administrativo y la plena transparencia en la gestión de los fondos públicos, en el marco de las competencias de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que depende del propio Ejecutivo.

• En las diligencias no aparece ningún elemento que comprometa a la presidenta de la SEPI, Belén Guada. Por lo tanto, mantenemos toda la confianza en ella y en el gran trabajo que está desempeñando al frente de una empresa pública que ha logrado salvar miles de empleos.

• Como no puede ser de otra manera, está garantizada la colaboración y el respeto con las decisiones judiciales.

• Pero también queremos destacar la integridad de los profesionales que integran la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

• Defendemos el rigor de los expedientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

• Gracias a este fondo, se garantizó la viabilidad de 30 empresas y se salvaron 62.000 empleos.

Controles y fiscalización

• La IGAE ha auditado la gestión del FASEE y el cumplimiento de la normativa aplicable, dando su opinión favorable a las cuentas del FASEE en todos los ejercicios.

• La Comisión Europea avaló en julio de 2020 la normativa que regula el FASEE. La Comisión Europea ha sido puntualmente informada de todas las operaciones del FASEE.

• El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado en una sentencia de junio de 2024 el régimen de ayudas a otorgar por el FASEE.

• El Tribunal de Cuentas ha avalado, en su informe publicado el pasado 27 de septiembre de 2024, todas las ayudas concedidas por el FASEE. En su informe concluye que “SEPI aplicó adecuadamente la normativa en cuanto al cumplimiento de estos requisitos y a sus condiciones de financiación”.