Infografía | La investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra

La investigación judicial sobre el rescate público de la aerolínea Plus Ultra continúa avanzando y mantiene bajo la lupa a varias personas y sociedades vinculadas a la operación aprobada por el Gobierno en 2021. Entre los investigados figura el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aunque conviene subrayar que se trata de diligencias en curso y que las conclusiones recogidas proceden de los autos judiciales y de las hipótesis que maneja el juez instructor, no de hechos probados.

Según los documentos judiciales, el origen del dinero que habría terminado relacionado con la operación partiría de inversores venezolanos vinculados presuntamente a entornos próximos al régimen de Nicolás Maduro. El juez sostiene que parte de esos fondos se habría canalizado mediante empresas radicadas en Reino Unido y Suiza con el objetivo de ocultar el origen del capital.

La investigación sitúa a Plus Ultra en el centro de la operación. La aerolínea, que atravesaba una delicada situación financiera y contaba entonces con una actividad limitada, recibió distintos préstamos privados antes de solicitar ayuda pública alegando el impacto de la pandemia y la paralización del tráfico aéreo.

En marzo de 2021, el Gobierno aprobó un rescate de 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La ayuda se dividió en dos tramos: un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones.

El magistrado investiga si durante la tramitación del rescate pudo existir una “trama organizada de tráfico de influencias”. En sus resoluciones, el juez señala que José Luis Rodríguez Zapatero habría actuado, presuntamente, como intermediario utilizando sus “contactos personales” y su acceso a altos cargos de la Administración para favorecer decisiones beneficiosas para terceros. Estas afirmaciones forman parte de la investigación judicial y no constituyen una condena ni hechos acreditados de manera definitiva.

Los autos también mencionan la intervención del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, dentro del proceso administrativo que desembocó en la aprobación de las ayudas.

Otra de las piezas que analiza el juzgado es el papel de la empresa Análisis Relevante, propiedad del empresario Julio Martínez Martínez, identificado por el instructor como persona cercana a Zapatero. Según la documentación incorporada a la causa, esta sociedad habría recibido cerca de 500.000 euros de Plus Ultra entre 2020 y 2025 por trabajos de asesoría relacionados con distintos asuntos de la aerolínea, incluidos problemas de la compañía en Venezuela.

Además, el juez recoge que la empresa habría abonado cantidades superiores a 70.000 euros anuales a Zapatero en concepto de consultoría y que también contrató a dos de sus hijas para trabajos de marketing. Todas estas operaciones están siendo investigadas para determinar si responden a servicios reales o si pudieron formar parte de un circuito de desvío y retorno de fondos.

La hipótesis principal que maneja el magistrado es que parte del dinero público concedido a Plus Ultra habría terminado regresando, mediante sociedades intermediarias, a los inversores de origen venezolano, lo que podría encajar —si se demostrara— en delitos relacionados con el blanqueo de capitales y el tráfico de influencias.

Hasta el momento, la causa sigue en fase de instrucción. No existe sentencia firme ni condena contra ninguno de los investigados, y todas las personas afectadas mantienen intacta su presunción de inocencia.