José Luis Castro de Antonio, magistrado del Juzgado Central de Menores en la Audiencia Nacional: “El 70% de los menores yihadistas son españoles"

Desde la titularidad del Juzgado Central de Menores, aplica una mirada humanista que rehúye los estigmas y defiende la reeducación frente al simple castigo. Su discurso derriba prejuicios -el 70% de estos jóvenes son españoles- y ofrece un dato para la esperanza: la tasa de reincidencia es del cero por ciento.

 

Pregunta. El imaginario colectivo asocia el yihadismo con grandes urbes o barrios periféricos, pero a usted llegó un asunto protagonizado por un menor que vivía en un pequeño pueblo de esta provincia. ¿Cómo transita un adolescente ourensano desde la tranquilidad de su habitación hasta acabar en el punto de mira de la Audiencia Nacional?

Respuesta. Como comprenderá, no debo ni puedo entrar en cuestiones judiciales concretas. Pero sí puedo señalar que este fenómeno no está necesariamente vinculado a la densidad poblacional ni a la existencia de zonas especialmente conflictivas. Hoy, buena parte de los procesos de radicalización se desarrollan a través de medios tecnológicos: internet, redes sociales y teléfonos móviles. Es lógico, porque hablamos de jóvenes nativos digitales, con un consumo muy elevado de contenidos en línea, que se incrementó especialmente durante el confinamiento por la Covid-19. La expresión “radicalización desde la habitación” describe con precisión una realidad que nos preocupa.

P. Hoy la captación ya no ocurre en una mezquita o un locutorio, sino en TikTok, Telegram o servidores de videojuegos. ¿Va la justicia tres pasos por detrás de los algoritmos que radicalizan a estos chavales?

R. Desde el año 2023, se ha intensificado el llamamiento a la denominada “yihad mediática”, que pretende una dedicación plena en las redes sociales como vertebración del buen muyahidín. Sin embargo, la utilización de la propaganda para movilizar a menores y jóvenes no es nueva: ya se observaba en el contexto de los conflictos de Afganistán (2011) y Siria (2012) y, posteriormente, con la proclamación del califato en 2014, por citar algunos ejemplos. Se hacía un llamamiento a la movilización de menores y jóvenes para la yihad. Quiero destacar el extraordinario trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que, en la investigación de estos tipos delictivos, su actuación preventiva, siempre dentro del marco legal, resulta esencial para impedir atentados de extrema gravedad. Lo que se pretende es evitar la comisión de atentados muy graves, abortando la actuación delictiva al tiempo de actos preparatorios punibles. Es una labor discreta y rigurosa, un trabajo silente, del que se nutre la Audiencia Nacional en el proceso de instrucción y enjuiciamiento de las causas y que, como ciudadanos, debemos reconocer y agradecer porque contribuye a salvar vidas. Los casos de Sevilla y Sitges, conocidos a través de los medios de comunicación, ilustran la relevancia de estas intervenciones en el ámbito de la justicia juvenil.

P. Además del uso de redes sociales, ¿hasta qué punto les preocupa en la Audiencia Nacional el uso de la inteligencia artificial o de avatares hiperrealistas para manipular y adoctrinar psicológicamente a menores que apenas tienen criterio propio?

R. Este es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Desde el confinamiento, hemos observado una evolución en el modo de actuar de estos menores, ya que hemos pasado de la asunción y propagación de la propaganda yihadista a través de las redes, a la formación y preparación de explosivos a través de los tutoriales disponibles en redes sociales y grupos privados de mensajería instantánea; y de ahí, a nuevas formas de programación del ideario terrorista. En concreto: algunos videojuegos y plataformas digitales que permiten modificar personajes y escenarios para representar a combatientes yihadistas, víctimas civiles o situaciones de extrema violencia, así como recrear un ambiente similar a territorios en los que se producen decapitaciones. A ello se suma ahora la inteligencia artificial, que facilita la manipulación de imágenes y la elaboración de contenidos propagandísticos cada vez más sofisticados. No debemos olvidar que hablamos de jóvenes con una gran destreza tecnológica y un profundo conocimiento del funcionamiento de las redes.

P. Se tiende a asociar el yihadismo juvenil automáticamente con la inmigración o con menores extranjeros no acompañados (menas). En su experiencia en la Audiencia Nacional, ¿cuántos de estos menores son extranjeros recién llegados y cuántos son españoles de segunda generación o autóctonos convertidos?

R. Esa asociación es inexacta. Ninguno de los menores a los que me refiero en los expedientes ha sido o es un menor extranjero no acompañado. No podemos equiparar inmigración y delincuencia: hacerlo supone una estigmatización profundamente injusta. En los expedientes que manejamos, aproximadamente el 70% de los menores son españoles. Otro 15% corresponde a descendientes de familias originarias del Magreb, aunque también hay menores de nacionalidad francesa, sueca, siria, pakistaní o uruguaya, residentes en España. El foco no debe situarse en el origen de cada persona, sino en las circunstancias que pueden hacerla vulnerable a la captación yihadista. Un dato curioso que le pudo decir es que la primera mujer detenida en España por yihadismo es una menor española de 15 años que no presentaba dificultades de integración ni una situación de desarraigo.

P. ¿Por qué un menor acaba ante el juez por terrorismo?

R. Actualmente, a través de los diferentes estudios realizados conocemos indicadores que reflejan las variables que conducen a estos jóvenes a entrar en este tipo de delincuencia. De hecho, la Agencia del Menor de Madrid y la Guardia Civil están preparando un manual en que se recogen determinados indicadores para permitir la prevención delincuencial que evite el ingreso de estos jóvenes en el proceso judicial. Estos datos son fruto de un trabajo experimental y científico en el que se concluye en que la vulnerabilidad como causa principal de la actuación terrorista reside en el desarraigo personal, la necesidad de formar parte de un grupo, la ausencia, el deficiente control parental y la falta de expectativa de futuro. La incertidumbre, la búsqueda de identidad y el desencanto pueden convertirse en instrumentos de captación para los reclutadores.

P. Con los centros de menores de Ceuta colapsados y cientos de jóvenes sin red de apoyo, ¿son estas crisis de protección el caldo de cultivo que esperan las redes de radicalización para actuar?

R. Los acontecimientos recientes en Ceuta son tremendos. Mi total solidaridad con la ciudadanía ceutí que es un ejemplo del respeto a la multiculturalidad y la diversidad religiosa. Es lógico su miedo, su inseguridad y la sensación de abandono. Junto a ello existe la realidad de personas, familias y jóvenes que, independientemente del origen del llamamiento a entrar en la ciudad, seguro que buscaron un futuro mejor. Hay 88 fallecidos solo del lado español, lo que nos obliga a no deshumanizar a estas personas y especialmente a niños, niñas y jóvenes. Su especial situacion de vulnerabilidad puede ser un claro reclamo para grupos terroristas. De ahí que junto a la labor de las fuerzas policiales es fundamental el trabajo de la Fiscalía y de los profesionales encargados de protección. Lo cierto es que a día de hoy no tenemos abierto ningún expediente de reforma relativo a jóvenes implicados en temas de terrorismo.

P. Pongámonos en lo peor: un chaval de 16 años radicalizado y dispuesto a actuar. Desde su perspectiva judicial, ¿es un peligro público al que hay que aplicar internamiento urgente?

R. Sí, y así se viene haciendo. El trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado permite intervenir de forma preventiva, dentro de los límites establecidos por la ley, y evitar la comisión de hechos delictivos de extrema gravedad.

P. ¿Dónde queda la responsabilidad de los padres en todo esto? ¿Hasta qué punto la familia es ignorante de la deriva de su hijo o mira para otro lado hasta que la policía llama a la puerta?

R. Nos encontramos con realidades familiares muy diferentes. Hay padres que reciben con absoluta sorpresa la noticia de la detención de su hijo y, sin embargo, se implican profundamente en su proceso de reinserción. Otros adoptan una actitud pasiva. También existen progenitores con posiciones de radicalización muy arraigadas, algunos incluso condenados por delitos de terrorismo yihadista. Es evidente que el entorno familiar puede influir de manera decisiva en el éxito de la reinserción sin demasiados esfuerzos. Pero sería injusto culpabilizar de forma generalizada a los padres, la mayoría de ellos sufren carencias en el conocimiento del alcance de las redes sociales y de los entornos digitales que frecuentan sus hijos debido al salto tecnológico generacional frente a chicos que dominan las redes. Resulta sorprendente ver como progenitores que consideran a sus hijos muchachos formales, que apenas salen de su habitación y que aparentemente no plantean ningún tipo de problemas, como se sorprenden a la hora de la detención, cuando descubren que vienen realizando la actividad delictiva desde el núcleo habitacional a través de las redes sociales. La situación desgraciadamente es muy compleja porque los riesgos digitales no se limitan al terrorismo yihadista, observamos conexiones con bandas juveniles, movimientos nihilistas, el denominado movimiento 764, contenidos de pornografía infantil, sicariato extremadamente grave o planteamientos y discursos ideológicos extremistas que chocan con valores constitucionales. A todo ello, se añade una preocupación creciente, y es que la franja de edad de estos menores es cada vez más baja, encontrándonos incluso con menores de 14 años y, en consecuencia, inimputables.

P. En la justicia de menores prima la reeducación sobre el castigo. Pero seamos realistas: desprogramar el fanatismo de la cabeza de un adolescente no es como rehabilitar a un pequeño delincuente común. ¿Los programas de desradicalización funcionan de verdad?

R. A día de hoy, en los expedientes a los que me refiero, el número de reincidentes es cero. Es un resultado que responde a un trabajo serio, constante y responsable. El camino ha sido largo. Comenzó con los casos de menores que se desplazaban hacia territorios controlados por Daesh hasta llegar al momento actual, en que la radicalización es prácticamente virtual. Teníamos una gran experiencia en la jurisdicción de menores, con ETA, especialmente con la kale borroka, pero esta situación es muy diferente a la actual en el que hablamos de un terrorismo individualizado no vinculado a priori a organizaciones criminales jerarquizadas. Cuando empezamos a conocer de este tipo delincuencial en el año 2012, no existía protocolo de actuación ni programas específicos de tratamiento. La experiencia acumulada y especialmente el trabajo realizado por las distintas agencias del menor han permitido avanzar notablemente en el conocimiento, tratamiento y respuesta a este tipo de delitos. Quiero hacer una mención especial al centro de reforma de Monteledo (Ourense), con cuyos profesionales he trabajado en numerosas ocasiones y donde he encontrado un equipo de gran rigor y humanidad. La reinserción es posible, y nuestra experiencia da fe de ello, pero tenemos que ir un paso hacia adelante y trabajar en reforzar la prevención. De ahí la importancia de nuestros maestros y maestras que ejercen una de las profesionales más importantes del mundo, porque contribuyen a trabajar el germen de la persona desde sus primeras etapas y pueden incidir notablemente en el desarrollo educativo y de valores de estos jóvenes. Tengo mi plena esperanza en ellos, aun siendo consciente de que nuestro sistema educativo actual no favorece la excelencia académica y que el profesorado carece del apoyo y reconocimiento que le corresponde, pues si bien tienen la condición de autoridad, necesariamente por las circunstancias actuales, parece que se ha obviado lo realmente importante que es la autoritas que por su actividad docente le corresponde. La educación, la formación en valores, la preparación de un joven para insertarse en el ámbito laboral es la fórmula para la prevención del delito y en su caso, para evitar la reincidencia. Un joven preparado, con posibilidades formativas, salvo existencia de patologías, se aleja del delito porque tiene la capacidad racional y crítica para saber que está cometiendo un ilícito.

P. No puedo terminar sin preguntarle por el clima de extrema tensión que rodea actualmente a su profesión. Con acusaciones de ‘lawfare’ resonando en el ámbito político, ¿es hoy más difícil que nunca ponerse la toga y aislarse de esa presión ambiental a la hora de dictar resoluciones?

R. Ser juez es una vocación, y en los 38 años que llevo ejerciendo, he visto y vivido situaciones muy diversas. He asumido críticas y he tenido presiones. Pero el juez debe de alejarse de todo ese contexto y resolver con la aplicación del derecho. Por ejemplo, mis alumnos me preguntan cómo se dicta una resolución de fondo, y siempre les explico que es un proceso deductivo: tenemos unos hechos, unas pruebas a valorar y una legislación a aplicar, por tanto, ningún juez conoce inicialmente el contenido de su resolución. Solo a través del estudio de la causa podrá llegar a la conclusión. De lo contrario, si el juez pretendiese una finalidad concreta y retorciese los hechos o la norma para el fin que pretende, sería un prevaricador o lo que es más grave, un antijuez. La experiencia de tantos años como juez y ciudadano me reafirma en la confianza absoluta en la justicia española.