Los menores delincuentes en Ourense: violencia en las redes y cada vez más precoces

El acceso incontrolado y precoz a la pornografía, la impunidad de la violencia en las redes sociales y las graves deficiencias del sistema de protección dibujan un escenario crítico para una parte de la juventud ourensana. La realidad criminológica de la provincia confirma un repunte de las infracciones penales cometidas por adolescentes, alcanzando 785 delitos registrados en el último ejercicio (un 28% más que el año anterior). Lo que verdaderamente enciende las alarmas es el aumento drástico en las agresiones sexuales, robos con fuerza, delitos de lesiones y casos graves de acoso escolar.

El análisis de la actividad delictiva por parte de la Fiscalía de Menores de Ourense pone el foco en el aumento de los delitos contra la libertad sexual en 2024. Si bien la Ley Orgánica 10/2022 ha derivado en que la mayoría se registren ahora como agresiones sexuales, la raíz del problema es educativa y social. Los jóvenes, de apenas doce o trece años, acceden al material pornográfico, provocando una prematura sexualización y una banalización de las relaciones íntimas. Al Juzgado de Menores llegan casos en los que el consumo de alcohol “complica la determinación de límite del consentimiento”.

A este problema se suma la violencia hacia el entorno digital, con un aumento del ciberacoso escolar (ciberbullying) a través de redes sociales y mensajes de texto. La falta de control parental hace imprescindible profundizar en los programas de convivencia y diseñar un plan nacional integral para atajarla.

Uno de los capítulos más alarmantes es la impunidad de los menores de 14 años, legalmente inimputables. Durante el periodo analizado, se archivaron 65 diligencias preliminares por razón de edad. La naturaleza de sus actos incluye amenazas, vejaciones, injurias y la publicación de contenidos íntimos.

Existe un componente psicológico preocupante en estos infractores: no valoran la gravedad de sus acciones, creen que son impunes y causan un grave daño psicológico a las víctimas. El sistema falla en su fase posterior, según el Ministerio Público, ya que la entidad pública carece de programas resocializadores. Como resultado, el hostigamiento no cesa y las víctimas quedan desprotegidas.

Juventud tutelada sin recursos

El sistema de protección civil de menores -en situaciones de riesgo, tutela y gardas- afronta retos importantes. En esta área, la Fiscalía destaca la negligencia de muchas entidades locales, que incumplen la normativa al no dictar las resoluciones administrativas declarando la situación de riesgo de los menores ni elaborar proyectos de intervención familiar. En el ámbito de la tutela, sigue primando el acogimiento residencial frente al familiar, que debería ser la opción prioritaria.

Especial vigilancia requiere, a juicio de los fiscales, el centro de menores con problemas de conducta de Montealegre, que ha elevado su aforo hasta las 34 plazas, configurándose en la práctica “como un macrocentro a nivel autonómico”. En sus instalaciones conviven jóvenes que, además de graves problemas conductuales, padecen trastornos de salud mental sin un diagnóstico clínico preciso, lo que deriva en tratamientos farmacológicos muy frecuentes y prolongados en el tiempo.

El drama institucional se agudiza de forma drástica al alcanzar la mayoría de edad. Los jóvenes del sistema de protección que presentan algún grado de discapacidad o problemas de salud mental precisan un apoyo permanente, pero al cumplir los 18 años cesa la medida tutelar y no se produce una derivación a recursos específicos de atención residencial, quedando en una situación de total desamparo.

Los centros de menores, un foco de agresiones y lesiones

Ourense cuenta con dos centros de titularidad pública gestionados por la entidad privada Diagrama para menores privados de libertad: Monteledo, dedicado al cumplimiento de medidas ordinarias con 37 plazas, y Montefiz, un centro de internamiento terapéutico con 22 plazas. En este ecosistema existe una disfunción crónica que afecta directamente a la recuperación de los jóvenes, provocando que menores de reforma terapéutica tengan que ocupar plazas en el centro ordinario, tal como advierte la Fiscalía.

Como parche institucional, la entidad pública habilitó de manera transitoria hace casi siete años una unidad terapéutica dentro de Monteledo, sin normas propias de funcionamiento. A esta mezcla contraproducente de perfiles se suma el estado de unas instalaciones antiguas con un aspecto excesivamente carcelario, repletas de barrotes y planchas metálicas. Persisten graves deficiencias estructurales, como la falta de sistemas de apertura automática de puertas que permitan una salida rápida en caso de emergencia.

Además, el Ministerio Público advierte una disminución en la calidad asistencial, con la aplicación de programas demasiado generalistas que no se centran en los factores criminógenos concretos de cada menor, y una flagrante falta de formación específica de los vigilantes de seguridad en técnicas de contención y desescalada. Curiosamente, la mayor problemática en la actividad delictiva provincial se gesta dentro de estas propias instituciones. Las múltiples incidencias diarias se traducen en delitos de atentado, resistencia y lesiones.