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El juez señaló que la grabación es una prueba 'pertinente, útil y que no vulnera los derechos fundamentales', ya que 'guarda relación con el caso, puede contribuir a esclarecerlo y se tratan de conversaciones en contexto laboral.
En la vista oral, que comenzó ayer, el abogado de Cantos, José María Monzón, afirmó que su representado fue despedido 'como represalia al negarse a realizar unos informes de la manera que indicaba Gómiz'.
Por su parte, la letrada de la expresidenta de Invercaria, Elia Hernández, señaló que la grabación que fue admitida como prueba 'está manipulada' y 'descontextualizada' y negó que se pudieran cambiar las fechas en el sistema informático previsto para homogeneizar los expedientes y, además, manifestó que 'la inversión ya estaba realizada y el formulario de Trewa (programa informático)no formaba parte del expediente físico del proyecto'.
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