El juez Calama ordena investigar las cuentas bancarias de Zapatero, sus hijas y su secretaria

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado ampliar la investigación sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con el análisis de sus cuentas bancarias, las de sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, su secretaria Gertrudis Alcázar y el empresario Julio Martínez, además de varias sociedades vinculadas a este último. La medida responde a una petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que considera necesario profundizar en los movimientos económicos registrados desde el 1 de enero de 2020.

En un auto dictado este miércoles, el magistrado solicita a más de una decena de entidades financieras la documentación relativa a cuentas, extractos, transferencias, productos financieros y otros movimientos para verificar los flujos económicos detectados durante la investigación. Según el juez, estas diligencias son "necesarias, pertinentes y útiles" para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad de los investigados.

La causa investiga una presunta estructura dedicada al tráfico de influencias que, según la investigación, habría operado a través de un entramado de al menos 27 sociedades controladas por el empresario Julio Martínez. Los investigadores sostienen que ese entramado habría servido para canalizar pagos mediante supuestos contratos de asesoría y dificultar el seguimiento del origen y destino del dinero.

La resolución también pone el foco sobre la empresa Whathefav, administrada por las hijas del expresidente, así como sobre la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar. La UDEF solicita un análisis específico de su patrimonio tras detectar la compra de una vivienda en 2023 por 132.055 euros sin financiación hipotecaria, una operación cuya capacidad económica pretende comprobar la investigación.

Además de requerir información bancaria a entidades como Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, ING, Abanca o Deutsche Bank, el juez ha acordado abrir una pieza separada y reservada para custodiar toda la documentación financiera que remitan los bancos. El objetivo es preservar la información de carácter personal y limitar a la causa únicamente aquellos datos que resulten relevantes para la investigación.

La decisión judicial supone un nuevo paso en una instrucción que trata de esclarecer si existió una red organizada para ejercer presuntamente influencias en favor de distintos clientes mediante una estructura societaria, extremos que deberán confirmarse o descartarse a medida que avance la investigación.