El juez Peinado convoca a Begoña Gómez este martes para la audiencia preliminar del juicio con jurado popular

El juez Juan Carlos Peinado ha convocado este martes a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la audiencia preliminar de su juicio con jurado popular por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.

Según un auto de este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez acuerda celebrar esa vista mañana a las 18:00 horas en los juzgados de Plaza de Castilla, "debiendo citarse personalmente a las acusadas".

Peinado da este paso una vez que tanto Gómez como su asistenta en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, también acusada, presentaron sus escritos de defensa reclamando ser absueltas por entender que no han cometido ningún delito.

La acusación popular que lidera Hazte Oír pide 13 años de cárcel para Gómez y seis años para Álvarez por presunta malversación, mientras que la Fiscalía es partidaria de que sean absueltas.

Sin ánimo de enriquecerse ni aprovecharse de su matrimonio

La esposa del presidente argumentó en su escrito de defensa que "en ningún momento actuó con ánimo de enriquecerse" y que "no se apropió" del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Además, Gómez defendió que llevaba colaborando con la UCM "mucho antes de que su marido accediera a la presidencia del Gobierno", concretamente desde 2012, y negó haber influido en autoridades y funcionarios aprovechándose de su vínculo matrimonial.

Por su parte, su asistenta aseguró en su escrito que no intervino en el registro, contratación, transferencia o disposición sobre el software de la UCM y que actuó "siempre siguiendo instrucciones" de la esposa de Sánchez y convencida de no hacer nada ilegal.

El pasado julio, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la decisión de Peinado de enviar a Gómez a juicio con jurado popular, pero corrigió al juez archivando dos delitos y ordenando levantar las medidas cautelares impuestas por el instructor: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada quince días en sede judicial.