INVESTIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN
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DATOS DE CARÁCTER NO RESERVADO
El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha acordado el archivo de la causa abierta contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la difusión de la identidad de dos periodistas de El País que investigaban el presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la dirigente madrileña.
La investigación trataba de esclarecer si Rodríguez incurrió en un delito de revelación de secretos al compartir en un chat de WhatsApp la fotografía, el nombre y el primer apellido de los dos informadores, acompañando el envío de un mensaje en el que aseguraba que habían acosado a vecinos del entorno de la vivienda de Ayuso.
En el auto de archivo, la jueza considera que no ha quedado acreditado que la información difundida procediera de los agentes policiales que identificaron a los periodistas el día de los hechos. Según la resolución, la fotografía fue facilitada por un vecino del inmueble y la identidad de los reporteros ya era conocida por Rodríguez debido a su actividad profesional y, además, figuraba publicada en el propio periódico.
La magistrada sostiene también que el mensaje enviado por el jefe de Gabinete, al margen de su contenido o de las expresiones utilizadas, no incluía datos reservados o de carácter personal cuya difusión pueda constituir un ilícito penal.
Durante la instrucción, Alberto González Amador ratificó la versión ofrecida previamente por Rodríguez y aseguró que fue él quien le remitió la imagen tras recibirla de un vecino del edificio. Asimismo, explicó que no conserva la conversación mantenida con el jefe de Gabinete porque fue eliminada tras un supuesto hackeo de sus dispositivos.
El archivo se produce después de que la jueza escuchara las declaraciones de Rodríguez y González Amador, aunque sin llegar a tomar declaración a los agentes de la Policía Nacional cuya comparecencia había sido solicitada por la acusación.
Tras conocerse la resolución, el PSOE, que ejerce la acusación popular en el procedimiento, ha anunciado que recurrirá el archivo al considerar que aún quedan diligencias por practicar antes de dar por concluida la investigación.
La resolución judicial pone fin, por el momento, a una causa que se abrió tras la difusión de la identidad de los periodistas mientras investigaban las presuntas irregularidades relacionadas con la vivienda de Ayuso y el procedimiento por fraude fiscal que afecta a González Amador.
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