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La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja (Valencia) ha vuelto a requerir a la Generalitat información detallada sobre la persona que tomó la decisión de enviar el SMS de alerta por la dana el pasado 29 de octubre. Además, ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) los datos sobre el caudal del barranco del Poyo y ha ordenado la remisión de material videográfico de medios de comunicación sobre la crecida de la rambla y las declaraciones de autoridades.
La magistrada ha dado a la Generalitat un plazo de cinco días para que comunique qué persona tomó la decisión de enviar el SMS a la población en alerta por la dana. A pesar de que la Conselleria de Interior y Emergencias había remitido documentación, no ha respondido a esta solicitud específica. La jueza también ha pedido que se identifique al funcionario o técnico que ejecutó esa orden.
La jueza ha solicitado a la CHJ que facilite los datos completos sobre el caudal del barranco del Poyo entre las 16:13 y las 18:42 horas del 29 de octubre, y que precise el medio utilizado para transmitir esa información. Aunque la Confederación indicó que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) funcionaba correctamente, la jueza quiere confirmar si los datos fueron publicados en la web o enviados por otros medios.
Además de los datos hidrológicos, la magistrada ha solicitado a medios de comunicación que remitan material videográfico relacionado con la crecida del barranco del Poyo, así como las declaraciones y comunicaciones de autoridades y responsables de Emergencias. Esto tiene como objetivo esclarecer el nivel de alerta y la evolución de las circunstancias meteorológicas en ese día.
La jueza también ha citado a declarar como perito a un investigador de la Universitat Politècnica de València, quien aportará un estudio cartográfico detallado sobre las cotas que alcanzó el agua tras el desbordamiento del barranco, en municipios de la comarca de l'Horta Sud. Este estudio tiene como fin esclarecer las consecuencias del desastre.
En el auto, se recoge que las víctimas, muchas de ellas personas mayores, no eran conscientes del alto riesgo que representaba el desbordamiento de la Rambla del Poyo y el barranco de l'Horteta. La jueza señala que muchas víctimas estaban en plantas bajas de sus viviendas y murieron allí, mientras que otras intentaban salir a la calle o sacar vehículos cuando el mensaje de alerta llegó a sus teléfonos a las 20:11 horas, mucho después de lo ocurrido.
La magistrada también subraya la necesidad de analizar si se comunicó el riesgo existente a la población a través de otros medios previos, como declaraciones públicas, conferencias de prensa o comunicados oficiales. Esto permitiría comprender mejor si hubo un adecuado anuncio del peligro antes del desbordamiento.
El auto, que ha sido notificado a la Fiscalía y a las siete acusaciones particulares hasta el momento, podrá ser recurrido en reforma o apelación. La jueza ha instado a obtener todas las respuestas necesarias para esclarecer los hechos ocurridos el 29 de octubre, cuando la dana causó la muerte de 224 personas y graves daños materiales en más de 80 municipios.
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