Liberan a una mujer que iba a ser obligada a contraer matrimonio por su familia en Zaragoza

LOGRÓ ESCAPAR

La víctima logró escapar de su domicilio antes de ser trasladada al extranjero y la Policía detuvo a sus padres y a su hermano por su presunta implicación.

Vehículo de Policía Nacional estacionado en una calle de Zaragoza.
Vehículo de Policía Nacional estacionado en una calle de Zaragoza. | Europa Press

La Policía Nacional ha liberado en Zaragoza a una mujer que presuntamente llevaba varios años sometida a una situación de aislamiento, control y violencia dentro de su propio entorno familiar y que iba a ser trasladada fuera de España para obligarla a contraer matrimonio con un hombre 40 años mayor que ella.

La investigación ha culminado con la detención de tres miembros de su familia, sus padres y un hermano, por su presunta participación en unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzoso, matrimonio forzoso, coacciones y violencia doméstica.

La intervención comenzó el pasado 13 de agosto, cuando una llamada al CIMACC 091 alertó de que una mujer había acudido a un establecimiento comercial solicitando ayuda tras haber escapado de su domicilio familiar. Una vez en el lugar, los agentes de Seguridad Ciudadana comprobaron la situación de especial vulnerabilidad en la que se encontraba y conocieron un relato marcado por años de aislamiento y control.

Según manifestó, su familia le había impedido continuar con su formación académica al cumplir los 16 años, trabajar o salir libremente de casa. Sus escasas salidas se realizaban acompañada por algún miembro de la familia y tampoco podía disponer libremente de un teléfono móvil, dificultando así cualquier contacto con personas ajenas a su entorno. Además, habría sido obligada a encargarse de las tareas domésticas y habría sufrido amenazas y agresiones físicas cuando se enfrentaba a las decisiones impuestas por su familia.

Ante la gravedad de los hechos, fue trasladada a dependencias policiales, donde agentes especializados de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras realizaron las primeras actuaciones para determinar si podía encontrarse ante un supuesto de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzoso.

Las pesquisas permitieron conocer que la familia ya habría elegido al hombre con el que pretendían casarla, una persona aproximadamente 40 años mayor que ella. El matrimonio se celebraría fuera de España y, posteriormente, según la investigación, esta unión podría ser utilizada para facilitar que el hombre obtuviera autorización para residir y trabajar legalmente en nuestro país.

La víctima había manifestado expresamente su negativa a contraer ese matrimonio. Pese a ello, su familia pretendía trasladarla nuevamente fuera de España en un breve espacio de tiempo para materializar el enlace.

La situación de control habría llegado hasta el punto de privarla de su documentación personal, que permanecía guardada bajo llave y fuera de su alcance. Ante la proximidad del viaje, la mujer consiguió aprovechar un descuido para abandonar el domicilio familiar y acudir en busca de una persona de confianza que previamente le había ofrecido ayuda.

Orden de protección

Desde allí solicitaron inmediatamente la intervención de la Policía Nacional llamando al 091. Tras analizar su relato, los investigadores apreciaron indicios compatibles con una posible situación de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzoso.

La Policía Nacional activó los mecanismos de protección y asistencia especializada para evitar que tuviera que regresar al entorno familiar, siendo trasladada a un recurso seguro gestionado por una entidad especializada en la atención a víctimas. Fruto de la investigación desarrollada por la UCRIF de Zaragoza, los agentes procedieron finalmente a la detención de los tres familiares presuntamente implicados.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, mientras que la víctima, ya en un lugar seguro y con asistencia especializada, ratificó su declaración en sede judicial, donde se acordó una orden de protección.

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