Marlaska asegura que desconocían la denuncia contra el exDAO y que actuaron con "contundencia"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que su departamento desconocía hasta ayer la denuncia por presunta agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, y que fue entonces cuando se actuó para apartarle del cargo de forma inmediata.

“Evidentemente no sabíamos nada; si hubiéramos sabido, al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, se le habría pedido la renuncia y el cese inmediato, como se hizo ayer”, declaró el ministro ante la prensa antes de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Marlaska explicó que solicitó conocer de inmediato el contenido de la querella y subrayó que, por la gravedad de los hechos y para preservar el prestigio del cuerpo policial, no cabía otra decisión que exigir la renuncia o proceder al cese inmediato del DAO. Según afirmó, el Ministerio actuó con “contundencia”.

El titular de Interior también confirmó que ha pedido una información reservada sobre el comisario y asesor del DAO, Óscar San Juan González, por presuntas coacciones hacia la denunciante, una agente de la Policía, a quien supuestamente habría ofrecido cualquier destino dentro del cuerpo. “Se está estudiando y he pedido que se acuerde que se le releve de cualquier responsabilidad dentro de sus funciones actuales”, indicó.

Los hechos

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid citó a José Ángel González como investigado tras admitir a trámite la querella por un presunto delito de agresión sexual contra una subordinada. Horas después, presentó su renuncia como máximo mando operativo de la Policía Nacional.

González Jiménez ingresó en el cuerpo en 1984 y ocupaba el puesto de DAO desde 2018, coincidiendo con la etapa de Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior y de Francisco Pardo Piqueras como director general de la Policía.

En noviembre de 2024, Interior dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años para que continuara en el cargo, recurriendo a una modificación legal incluida en el real decreto de medidas por la dana de Valencia, una decisión que fue cuestionada por partidos de la oposición y algunos sectores policiales.